La niña, A.B.E., que nació en 2004 en el Hospital Clínico Provincial de Barcelona y está a punto de cumplir 5 años, requiere asistencia de una tercera persona "de por vida", a causa de limitaciones funcionales, no control de esfínteres y sedestación. Además, requiere silla de ruedas y necesita asistencia para movilidad.

La sentencia reconoce que el daño se produjo por una deficiente asistencia en el parto, al no haberse procedido a realizar las pruebas necesarias como una ecografía para diagnosticar un desprendimiento prematuro de placenta, y no evitar el daño neurológico causado al bebé por el retraso en una cesárea.

La sentencia señala la cantidad de 790.000 euros a favor de la menor, y la cantidad de 55.000 euros para cada uno de los padres por daño moral.