Este acuerdo, que limita la responsabiidad de los maestros y profesores en relación con los alumnos, exige, para el pago de los daños, un informe emitido por el Consejo Escolar, que establezca la atribución de responsabilidades civiles y penales.

A juicio de Carme Laura Gil, directora general de Planificación Escolar del Departamento de Enseñanza de la Generalitat, este convenio permitirá "que los profesores dejen de tener miedo y recuperen su seguridad".

El acuerdo ha sido conseguido tras un mes de negociaciones entre los sindicatosy la Administración autonómica, que comenzaron a raíz del accidente sufrido por un alumno del colegio público Cataluña, de Sant Cugat del Vallés.

El colegio fue denunciado por los padres del niño ante los tribunales, que condenaron al director a pagar una indemnización de 180 millones de pesetas, pese a que el accidente ocurrió fuera del horario y del recinto escolar. Esta sentencia provocó una fuerte reacción de los docentes, que exigieron el establecimiento de límites a su responsabilidad.

El cnvenio esclarece las responsabilidades de los profesores y establece el número de docentes por alumno que deben participar en las actividades extraescolares, así como los períodos en los que se deben realizar las revisiones periódicas para supervisar la seguridad de los centros.

También contempla la ampliación, a partir del próximo curso, del seguro escolar de los alumnos hasta la protección máxima, algo que hasta ahora sólo existía en la enseñanza secundaria.

Por otro lado, con la intención de rducir el número de reclamaciones de indemnización por la vía penal, el personal dependiente de la Administración educativa concertará una póliza de responsabilidad civil individual con cobertura limitada.

Queda pendiente para el próximo año la negociación de algunos puntos relativos al transporte y comedores escolares.