El ministro indicó que el Estado podría haber ahorrado unos 130.000 millones de pesetas, si el incremento del coste medio de la receta hubiera subido el mismo porcentaje que el IPC de estos años. "Tras el decreto ya no podrá suceder una situación como ésta porque devuelve al Gobierno la autoridad en la política de farmacia", dijo.

Griñán negó que la nueva normativa prjudique a los ciudadanos y especialmente a los enfermos crónicos, que deberán abonar un 10 por ciento de los fármacos que consuman hasta un tope máximo de 400 pesetas, "dado que la mayor parte de estas personas son jubilados y como tal tienen garantizada la prestación farmacéutica".

"El 'informe Abril' ponía remedio al crecimiento del gasto farmacéutico pidiendo que los pensionistas pagaran un porcentaje del precio del medicamento. El Gobierno en ésto no ha seguido el 'informe Abril'. Lo que ha hechoes actuar sobre los productos que hay en el mercado, determinando que el financiador va a comprar aquellos productos que para una misma indicación tengan mejor un precio", dijo.

Respecto a los más de 800 medicamentos que serán excluidos de la financiación pública, el ministro aseguró que entre ellos no se encuentra ningún principio activo, sino combinaciones que no aportan nada a los ya existentes.

Los grupos parlamentario de IU y PP pidieron a José Antonio Griñán la retirada del decrto, que, segn la diputada de Izquierda Unida, Angeles Maestro, "supone una agresión a los derechos sociales de los ciudadanos".

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Luis Fernando Cartagena, criticó la vía restrictiva emprendida por el Gobierno en la política farmacéutica y pidió que el decreto sea pospuesto hasta que se den las condiciones necesarias para reorganizar estas prestaciones.