Así lo recoge el proyecto de los PGE presentado este jueves en el Congreso de los Diputados por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el que se explica que con la reforma laboral, los contratos iniciales indefinidos el pasado mes de agosto representaron el 35,13% del total de contratos iniciales registrados en dicho mes, frente al 5,47% del mismo mes del año anterior, “habiéndose incrementado también la conversión de contratos temporales en indefinidos (93,62% en la comparación agosto 2022/agosto 2021), lo que está contribuyendo a una reducción de la tasa de paro.

Dentro de esta política, 20.901 millones se destinan a financiar las prestaciones por desempleo, lo que supone una disminución de 1.192 millones con respecto al presupuesto de 2022. Se destaca que estas dotaciones contemplan el impacto por el incremento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) de 3,62 puntos, lo que supone que el Iprem mensual pasa a ser de 600 euros y en cómputo anual de 7.200 euros.

A efectos de las prestaciones por desempleo, el Iprem se utiliza como base de cálculo de las prestaciones asistenciales (subsidios por desempleo y renta activa de inserción), cuyo importe se sitúa, por lo general, en el 80% del mismo, así como para la determinación de las cuantías máxima y mínima de la prestación contributiva.

Por otra parte, se eleva la cuantía de la prestación contributiva por desempleo del 50% al 60% de la base reguladora a partir del día 181 (séptimo mes), “revirtiendo” la medida que se adoptó en la reforma laboral del PP.

El resto, 377 millones de euros, se destina a financiar los gastos de personal y funcionamiento del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

En particular, la prestación contributiva supondrá 13.006 millones en 2023 y beneficiará a 858.958 personas, y el subsidio por desempleo y la renta agraria implicará a 1.012.390 personas, con un presupuesto de 6.632 millones.

Por otra parte, el presupuesto del SEPE se cifra en 28.278 millones de euros para 2023, lo que implica un descenso del 2,9% respecto al año anterior. Con esta dotación atenderá las funciones que tiene encomendadas y que se centran en planificar e impulsar la política de empleo, gestionar y controlar las prestaciones por desempleo, haciendo efectivo el derecho de los desempleados a protección y llevar a cabo investigaciones y estudios sobre la situación del mercado de trabajo y las medidas para mejorarlo.

Esta asignación incluye 508 millones de euros aportados por el plan de recuperación, que tendrán como finalidad principal “reformar e impulsar las políticas activas de empleo encaminadas a la mejora de la empleabilidad y a la mejora de la inclusión social de las personas trabajadoras, así como al refuerzo de la modernización y transformación digital de los servicios públicos de empleo que integran el Sistema Nacional de Empleo”.