Peña, durante la presentación del Informe Económico-Financiero de las Administraciones Territoriales en 1991, aseguró que este año las comunidades autónomas tendrán un déficit de alrededor de 500.000 millones de pesetas, y de unos 2 billones de deuda, dentro de los objetivos planteados, por lo que no lo consideró preocupante.

Por su parte, los ayuntamientos acanzarán una deuda entre los 2 y los 2,25 billones de pesetas, aunque su nivel de endeudamiento es más antiguo y se va incrementando también más lentamente.

El secretario de Estado consideró "parcial" el debate de la transferencia del 15 por ciento del IRPF a las comunidades autónomas, ya que lo necesario es aumentar su autofinanciación, ya que en 1991 los ingresos de las comunidades autónomas fueron de 4,7 billones de pesetas, de los que sólo el 11,30 por ciento pertenecieron a recursos propios.

Peña dijo que el próximo sistema de financiación (el actual dura hasta 1996) tendrá que abordar este problema, pues en esa fecha las comunidades de la "vía lenta", regidas por el artículo 143 de la Constitución, ya tendrán transferidas todas las competencias.

En su opinión, una posible solución sería que la Agencia Estatal Tributaria transformara su estructura en una agencia federal, integrada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la que estuvieran integradas las comunidades autónomas.

CITICAS AL PP

Peña criticó la actitud de ciertos partidos políticos sobre este tema, "que se dedican a criticar sin aportar ni una sola idea", y en concreto al Partido Popular, al que le achacó no aclarar su postura, cuando afirmó no "tener nada en contra de la cesión del 15 por ciento".

Asimismo, también cuestionó las declaraciones del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en las que decía que la política fiscal era demasiado alta, pues afirmó que si bajan los impuestos, también caerán los rcursos de las comunidades autónomas.

El secretario de Estado destacó la importancia del seguimiento de las comunidades autónomas a la política estatal: "Solchaga sólo conseguirá una política restrictiva de gasto público si colaboran en la misma medida las comunidades autónomas y las entidades locales."

En los datos facilitados en el informe, la acción del Estado en 1991 para corregir los desequilibrios territoriales fue de 2,1 billones de pesetas. Peña recomendó que esta cifra se siga manteniendoen los próximos años para corregir las desigualdades.

La mayor parte de esa cantidad correspondió a los Presupuestos del Estado (1,3 billones), aunque 211.834 millones de pesetas correspondieron a los fondos estructurales de la CE.