En dicho escrito, Cardenal mantiene que no procede presentar la querella solicitada por Jiménez Vilarejo por entender que los hechos descritos en ella no son constitutivos de delito, según informa la Fiscalía General.

A lo largo de 16 folios, esta Fiscalía General expone los motivos jurídicos que justifican su criterio, tras examinar las resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia, en las que este organismo no encuentra indicios de delito.

En su opinión, en el proyecto de querella "no se expone con claridad que las prácticas restrictivas de la libre competencia atribuibles a las socedades Repsol y Cepsa se hayan llevado a cabo empleando ninguno de los medios comisivos que con carácter tasado enumera el Código Penal y que son la difusión de noticias falsas, el empleo de violencia, amenaza o engaño, o la utilización de información privilegiada".

El escrito explica que "hay que deslindar el ilícito penal del ilícito meramente administrativo, puesto que de lo contrario cualquier infracción administrativa sería al mismo tiempo infracción penal".

Asimismo, afirma que "una querell es un modo de iniciación del proceso penal, cuya fase de instrucción tiene por objeto precisamente el esclarecimiento de los hechos en ella relatados, pero lo que resulta insoslayable en una querella es que tales hechos sean típicos.

"No es admisible que una querella se limite a exponer unos hechos, cuya naturaleza delictiva no se está en condiciones de afirmar con rotundidad, máxime en un caso como el que nos ocupa, en el que la querella se presenta como conclusión de unas diligencias informativas qe se han mantenido abiertas durante casi dos años, tiempo más que suficiente para haberse podido recabar los elementos de juicio necesarios para formular con la debida precisión la correspondiente imputación", continúa la argumentación de Cardenal.