En un auto hecho público hoy, Garón afirma que "se pretende demostrar la ejecución, primero larvada, y luego, abierta y paulatina, de una auténtica limpieza étnica de baja intensidad por parte del complejo terrorista, dirigida a predeterminar con una determinadas tendencia ideológica la composición del cuerpo electoral llamado a decidir la eventual y futura consulta de un referéndum de autodeterminación, para así asegurar el resultado afirmativo de aquel".

El magistrado pretende probar que dicha limpieza étnica ha dado lugar al "abanono o éxodo de una parte sustancial de la población del País Vasco", que ha tenido que darse de baja, por tanto, en el censo electoral de Euskadi.

En el auto, el juez señala que, según los indicios existentes, para lograr esa "depuración" del censo electoral vasco, Batasuna y ETA han optado por el mantenimiento sistemático de un clima social de presión e intimidación tendente, no sólo a lograr una hegemonía política nacionalista externa en todo el territorio, sino que "ha ido, directamente, a obtener a segregación del sector no nacionalista de la población con el propósito último de hacerle insoportable la permanencia en aquel territorio, obligándosele a abandonarlo".

El magistrado recuerda que la segregación de una parte de la población de derecho de un territorio por razón de su origen étnico o geográfico o de su presunta adscripción ideológica es, no solamente inadmisible en un Estado de Derecho, sino, además una conducta delictiva reflejada en el Código Penal, e incluso, como crimen contra la umandiad en el Estatuto de Roma.

Para el magistrado, "presuntamente", Batasuna ha presionado al colectivo social que no les es afín ideológicamente, de manera regular, y lo ha hecho "hasta la expulsión de facto" de muchos de ellos. En ese grupo amenazado, sometido a "condiciones de vida insoportables", se encuentran políticos, policías y ertzaintzas, concejales no profesionales de partidos no nacionalistas, empresarios, periodistas, escritores, intelectuales, profesores de universidad, abogados, juece y fiscales.

"No sólo se ha atentado contra la vida, la libertad y la integridad física de las personas", dice el juez Garzón. "Batasuna", añade, "ha impedido de hecho a sus adversarios políticos el ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de información, de la libertad de manifestación y de la participación política".

BOICOT SISTEMATICO

En este sentido, sostiene que Batasuna ha boicoteado sistemáticamente actos públicos de personas consideradas políticamente no nacionalistas y ha rganizado diversas contra-manifestaciones.

Asimismo, Garzón señala que los métodos que emplea Batasuna son los mismos que utiliza la mafia siciliana y compara a la coalición "abertzale" con los nazis.

En este sentido, señala que Batasuna ha logrado sus resultados electorales utilizando los mismos métodos elegidos por el Partido nacional Socialista Alemán en la Alemania de la República de Weimar. "Nadie dudaría hoy en día en considerar [...] que el partido nazi de la Alemania de los años 30 era un asociación ilícita", dice el juez.

Para probar todas estas sospechas, Garzón ha decidido movilizar a la Guardia Civil, a los ministerios de Hacienda, Educación, Cultura, Sanidad, de Trabajo y Seguridad Social, a las confederaciones de emrpesarios, a la Fiscalía General del Estado, a sindicatos, al Consejo General del Poder Judicial, a la Junta Electoral Central y "a cualesquiera otros que fueran necesarios" para que elaboren un "exhaustivo" informe.

Así, ha solicitado una relación detallada, conel día, la hora, el lugar y la enumeración de las víctimas, de los atentados con resultado de muerte desde el inicio de las actividades de ETA hasta la actualidad, y otra de aquellos que se saldaron con personas heridas.

Pide también un listado de los atentados que se saldaron con daños materiales, así como una relación "sucesiva y exhaustiva" de las localidades en las que se han producido actos violentos terroristas, ya sean atentados o violencia callejera.

Garzón quiere también un informa sobrelas armas, explosivos, aparatos para construcción de armamento, granadas y similares intervenidos a ETA o su entorno.

ENCUESTAS

Asimismo, reclama al Instituto de Investigaciones Sociológicas "todas aquellas encuestas, publicadas y sin publicar, y estudios realizados sobre la violencia terrorista, incidencia de la misma, consecuencias en el País Vasco".

Además, solicita una relación de "nacimientos e inscripciones fuera del municipio de nacimiento relacionados con los hechos investigados".

n el auto, el magistrado señala que a lo largo de los últimos doce años se ha podido producir una "masiva alteración de los certificados de nacimiento de los niños", y aporta el dato de que muchos padres cuyos bebés han nacido en el hospital materno infantil de Baracaldo han hecho constar como lugar de nacimiento Bilbao, con el fin de "evitar que los nacidos arrastren de por vida en su docuemnto de identidad el 'estigma' de haber nacido en un lugar no lo bastante euskaldún".

Además, pide un informe sore aquellos actos de Batasuna que hayan supuesto discriminación, agresión a las libertades de expresión, de reunión, de manifestación, de asociación, de educación, de sindicación y de empresa.

En su resolución, el magistrado asegura que "las instituciones controladas por Batasuna han realizado sistemáticas actuaciones coactivas respecto de aquellas instituciones cuya desaparición pretenden, por ejemplo, denegando licencias de obras o de reparación de edificios de apertura de establecimiento de nueva oupación, etc".

En este caso, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional investiga la integración de la coalición "abertzale" Batasuna dentro de la banda terrorista ETA.