"En el supuesto estudiado queda demostrado que la única y auténtica convocante es Askatasuna", dice Garzón, que recuerda que la misma, sucesora de Gestoras Pro Amnistía, organización de apoyo a los presos de ETA, está ilegalizada desde febrero de 2002 y que, por lo tanto, las manifestaciones que ha convocado para mañana en las tres capitales vascas y la navarra "son ilegales".

Señala también que tanto Askatasuna como Gestoras Pro Amnistía "se hallaban y se hallan incluidas, como parte orgánica, en el complejo terrorista ETA-KAS-EKIN".

Garzón sostiene además que los responsables de esta agrupación "han decidido volver a la actividad orgánica que había desaparecido, y que ahora retoman con ánimo de presionar con actitud provocativa y desafiante al Estado de Derecho, a las Instituciones, y en particular al Poder Judicial a través de la Audiencia Nacional".

A juicio del magistrado, se trata de una cuestión que "no se debe ni se puede pasar por alto, dado que se trata de actos proclamados, diseñados y ejecutados por una organización terrorista".

Garzón deja claro en el auto que no valora el contenido en sí de las proclamas de las manifestaciones (defensa de los presos, crítica de las instituciones), sino la falta de capacidad de la citada organización para convocarla.

"No se prohíbe toda o cualquier manifestación o movilización popular o social en apoyo o solidaridad de presos, sino estas concretas", añade.

RELACIÓN CON ASKATASUNA

Para el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, "resulta obvio" que las resoluciones administrativas que han sido adoptadas por la Consejería de Interior del Gobierno Vasco y por la Delegación del Gobierno de Navarra "lo han sido sin conocer los elementos y datos de los que ahora se dispone".

Garzón señala que, según los informes de la Unidad Central de Información (UCI), las personas que han solicitado las autorizaciones administrativas para las citadas manifestaciones (Oihane Aguirre García, Miren Igone Irirarte Poza, Amets Martínez Moreno y Miguel Angel Llamas Montoya) convocantes de las citadas manifestaciones están relacionadas con Askatasuna.

El juez insta a la Consejería de Interior del Gobierno Vascoy a la Delegación del Gobierno de Navarra a adoptar las medidas necesarias para evitar la celebración de estas manifestaciones.

Además, dispone que se curse orden a la Ertzaintza y a la UCI para que adopten las medidas necesarias al efecto, así como para la prevención de incidentes y persecución de aquellas personas que quebranten la prohibición.

También ordena que se requiera a los convocantes y responsables de Askatasuna que dieron a conocer las concentraciones para que "se abstengan de instar dichas manifestaciones, advirtiéndoles de la responsabilidad penal en la que pueden incurrir, por los daños y desperfectos que puedan producir en la vía pública, cualquiera de los asistentes como inductores de los mismos".

El magistrado indica que debe citarse a los implicados, en calidad de imputados, para recibirles desclaración por el presunto delito de integración o colaboración con organización terrorista, "si las manifestaciones tuvieran lugar finalmente".

Las citadas marchas estaban previstas para mañana en el País Vasco, Pamplona (Navarra) y en Bayona (Francia), bajo el lema "Presos vascos a Euskal Herria. No más chantaje. No a la cadena perpetua. No a la pena de muerte".