En una providencia a la que ha tenido acceso Servimedia, Garzón decide elevar una "atenta exposición" a la vicepresidencia primera del Gobierno, que dirige Francisco Alvarez Cascos, para que remitan al Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional datos sobre la Expo.

Grzón amplía así la providencia de fecha 15 de diciembre en la que, además de imputar graves irregularidades en la gestión de la Expo a Emilio Casinello, Miguel Olivencia y Jacinto Pellón, entre otros, solicitaba también abundante documentación.

La nueva petición del juez Garzón es muy extensa y la documentación requerida podría ocupar varios despachos, por lo que el juez ya en su auto de fecha 15 de diciembre solicitó ayuda para poder continuar con la instrucción de este amplio sumario.

El instrutor pide al Gobierno todos los contratos entre la sociedad estatal Expo 92 y los ministerios de Asuntos Exteriores y Economía y Hacienda. También solicita copia de los acuerdos de los Consejos de Ministros en los que se trató alguna cuestión relativa a la sociedad Expo.

Además, pide un informe de la Intervención General de la Administración del Estado sobre procedimientos de contratación y seguimiento de la adjudicación de los contratos de la Expo 92, así como el posterior control financiero.

TARIFA DE APARCAMIENTO

La solicitud de Garzón es tan amplia que pide también a AGESA S.A., la sociedad estatal creada para continuar gestionando los activos de la Expo, que remita las tarifas de aparcamiento de coches y autobuses, así como la identificación de las empresas que participaron en las atracciones del recinto ferial.

Solicita también un listado con todas las sociedades que participaron en el evento, sus programas y sus actividades y la relación con las entidades de crédito tanto en España coo fuera de nuestro país, así como la relación de los responsables de todas ellas.

Garzón quiere saber quien fue el responsable de la destrucción de las entradas que sobraron de la Expo, hecho que se produjo el 23 de febrero de 1994, y quiere conocer también la razón por la que se destruyeron.

Además, pide una copia de todos los soportes magnéticos y ópticos que fueron emitidos desde el ordenador central de la exposición, llamado "Host", o desde cualquiera de los otros sistemas operativos que trabjaron en el evento.

2.093 MILLONES EN GASTOS DE REPRESENTACION

Garzón recaba igualmente el paradero de los más de 2.000 millones de pesetas que se destinaron a gastos de representación, por lo que ha pedido que le informen sobre las normas, la disposición y las cláusulas que regulaban, o en su caso justificaban, el uso de las tarjetas de crédito.

En este sentido, ha pedido al Banco Exterior de España un listado con los apuntes emitidos por las diez tarjetas de crédito que fueron puestas en mano de los máximos representantes de la Expo, especificando dónde fueron las partidas, desde su apertura hasta su cancelación.

Finalmente, Garzón remite sendos oficios a la Agencia Tributaria y a la Dirección General del Patrimonio del Estado para que le manden toda la documentación con la que cuenten sobre el evento de Sevilla 92.