En el auto hecho público hoy, el magistrado señala que, de los datos puestos a disposición de su juzgado, "no se desprende en este momento una concreta imputación" de los detenidos "en actividades de financiación" del terrorismo.

Por lo tanto, el juez señala que no se puede hacer otra cosa que dejar en libertad a los detenidos, pero "adoptando las cautelas suficientes para que los imputados estén a disposición de este juzgado".

Con este objetivo, Garzón decidió imponer a Mahammad Rukhsar Mahmood, Abdul Sadiq Razzaq, Debra Harry Rodrigues, Hafiz Ghulam Murtaza la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado más próximo a su domicilio y la prohibición de salir de España.

Por su parte, el magistrado impusó a Nasar Iqbal Chaudry yAbrar Hassan Aslam la obligación de comparecer semanalmente en el consulado más próximo a su domicilio.

A pesar de no poder concretar ninguna imputación, el magistrado señala que de lo actuado se desprende que los detenidos "formarían un grupo organizado que podría estar desviando cantidades de dinero no concretadas hacia personas o grupos terroristas jihadistas procedente de la defraudación a la Hacienda Pública", utilizando un mecanismo "similar al de Al Qaeda".

Por último, Garzón pide a la Guardia Civil que prosigua sus investigaciones sobre esta presunta red terrorista para poder "discernir la eventual responsabilidad de los detenidos" en el futuro.