La comparecencia tendrá lugar el próximo 23 de mayo, como consecuencia de la causa abierta tras la operación policial contra la Udalbiltza de Batasuna, institución a la que declaró fuera de la ley el pasado 30 de abril. El sumario se encuentra actualmente ajo secreto.

Se trata de los alcaldes de Oyarzun (Guipúzcoa) y Ondarroa (Vizcaya), Xabier Iragorri Gamio y Loren Arkotxa, respectivamente; Xabier Alegría, ex dirigente de KAS; Joseba Mikel Garmendia Albarracin, miembro de la comisión ejecutiva de la Udalbiltza; Imanol Esnaola y Loren Arkotxa.

El alcalde de Ondárroa, Loren Arkotxa, es presidente de Udalbiltza Kursaal, mientras que el Ayuntamiento de Oyarzun fue uno de los que intervinieron en la creación de Udalbiltza Konsorzio.

En la resolucón dictada el pasdado 30 de abril, el magistrado ya anunció una investigación por malversación de caudales públicos, dado que, "según los indicios existentes en este momento se habría dispuesto de cantidades de dinero pertenecientes a los presupuestos ordinarios de diversos ayuntamientos del País Vasco y Navarra controlados por HB-EH-Batasuna-Sozialista Abertzaleak, para una finalidad claramente ilícita cual es la financiación de una organización terrorista".

"Por tanto, deberá desarrollarse la investgación iniciada y el análisis de las cuentas y presupuestos para concretar otras responsabilidades penales", añadía en el auto.

Por otra parte, el magistrado ha comunicado a las empresas y entidades Udalibitzaren Elkartea, Udalbiltza Partzuergo Konsorzio y Euskal Garapen Eta Kohesio Fondoa la suspensión de las actividades.

La abogada Jone Goiricelaya, que asistió al acto con un poder en representación de dichas entidades, se opuso a la suspensión de actividades, por considerar que Garzón no era cmpetente para aplicar tal medida prevista en el artículo 129 del Código Penal y que éste, además, no se podía aplicar en este caso.

Así, según fuentes jurídicas, alegó que el citado artículo hace referencia a sociedades con ánimo de lucro y las entidades cuyas actividades han sido suspendidas hoy son entidades locales sin ánimo de lucro.

Además, alegó que el auto dictado el pasado 30 de abril no imputa delitos a personas concretas, por lo que no se cumple el requisito de individualización de las onductas. También afirmó que aplicar tal suspensión supone una pena anticipada.

En el auto dictado el pasado 30 de abril, Garzón imputa a los detenidos en la operación policial un presunto delito de integración en organización terrorista y asegura que está claramente demostrado que la Udalbiltza de Batasuna está integrada en "el mismo armazón que el complejo terrorista dirigido por ETA-EKIN".

A criterio de Garzón, la Udalbiltza de Batasuna "es parte de ese mismo entramado terrorista y, por tanto,se encuentra fuera de la ley", lo que el magistrado advierte que deben tener en cuenta en adelante "las personas de buena fe que hayan podido tener relación o vinculación con dicha estructura y sus responsables sin conocer la verdadera naturaleza" de sus actividades.

Para Garzón, la Udalbiltza de Batasuna fue creada para "burlar las resoluciones judiciales y presentar candidaturas electorales locales pretendidamente independientes que aseguren su presencia y control del ámbito municipal, y que, a su vz, sirva de base, tanto económica como política, a la plataforma Udalbiltza-Kursaal y constituya el embrión del futuro partido político sustitutivo de Herri Batasuna-EH-Batasuna-Socialista Abertzaleak".

La operación desarrollada contra la Udalbiltza se produjo a raiz de una documentación requisada en su día a Ibon Fernández Iradi, alias "Susper", cuando fue detenido en diciembre de 2002 cerca de Bayona.