El juez Baltasar Garzón considera que el complejo ETA-Batasuna lleva años aplicando una estrategia consistente en extender la violencia para crear un contexto de "enfrentamiento", con el fin de justificar la necesidad de que el Estado se avenga a "una salida dialogada".

Garzón asegura que la banda terrorista tiene cuatro "frentes" (militar, cultural, político y obrero), cuyo fin es lograr la independencia del País Vasco y la anexión de Navarra.

Según el juez, que también envía a los jueces vascos los indicios que por estos hechos existen contra Arnaldo Otegi y otros parlamentarios de Batasuna, existe una "pedagogía de la violencia", consistente en que los frentes de la banda etarra se dedican a "potenciar el contenido coactivo de cada acción terrorista y complementarla política e ideológicamente, incrustándola en un contexto de enfrentamiento".

Esta estrategia, añade, es acompañada por sus autores con la referencia a "la necesidad de una 'salida negociada, a la que el Estado español se niega', de donde éste será el único responsable del mantenimiento del conflicto".

Según Garzón, el terrorismo "impone su cruel correctivo a los ciudadanos e instituciones que no acceden a sus reivindicaciones o que constituyen un obstáculo para las mismas, pretende que asimilen la conveniencia de modificar sus actitudes y comportamientos 'comprendiendo' la causa del correctivo y el comportamiento que deben desarrollar para evitar su reiteración".

"GRAN TERREMOTO"

El titular del juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional añade que esto es lo que sucedió precisamente con el asesinato de Gregorio Ordóñez, portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián. Este atentado, según recogió la propia banda etarra en su "Zutabe" o boletín interno número 72, provocó un "gran terremoto" tanto en la sociedad vasca como en la izquierda "abertzale".

Este "terremoto", según el juez, simboliza la "pedagogía de la violencia" de ETA, que con esto pretendía hacer consciente a los políticos y el resto de la sociedad de que no sólo las Fuerzas de Seguridad son objeto de sus acciones.

Por tanto, Garzón, que ha citado a los 36 procesados el 31 de enero para comunicarles su situación, sostiene que el MNLV vieneaplicando una estrategia en "tres fases", la primera de las cuales es la llamada "lucha de masas", en la que se incluye "el 'señalamiento' y'satanización' de la víctima potencial".

La siguiente etapa es la "lucha armada" o actividad terrorista, en la que se lleva a cabo la aplicación de la acción criminal de ETA contra "los objetivos previamente 'señalados' y 'satanizados'".

La tercera fase se desarrolla "en el ámbito de la 'lucha político-institucional' y 'mediático-cultural', en la que se enmarca la acción terrorista en una situación de conflicto que sólo es superable accediendo a las reivindicaciones del conjunto".

Por toda esta estrategia, Garzón procesa a dirigentes históricos de Herri Batasuna, como Jon Idígoras o Karmelo Landa, al tiempo que envía al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco los indicios existentes contra Arnaldo Otegi y otros dos diputados de la ilegalizada Batasuna, así como contra el ex parlamentario "Josu Ternera", actualmente huido de la Justicia.