García Valverde, que ocupaba el cargo de presidente de la compañía ferroviaria cuando se llevó a cabo la compra de terrenos en, hizo estas declaraciones después de comparecer en la Comisión de Política Social y Empleo en el Congreso de los Diputados.

En opinión de García Valverde, "Renfe compró unos terrenos esriturados al mismo precio que pagó por ellos, por lo que no tiene ninguna responsabilidad. Lo que haya ocurrido con la parte privada es su problema".

Insistió en que "lo que hacen las empresas privadas que venden terrenos a Renfe es responsabilidad de esas empresas", al tiempo que manifestó su apoyo a la toma de medidas "para evitar esos presuntos delitos fiscales".

La empresa Equidesa, filial de Renfe, compró el pasado mes de mayo unos terrenos en la localidad madrileña de San Sebastián de los Ryes a unas empresas aparentemente instrumentales por un importe total de 1.350 millones de pesetas. Al parecer, Renfe pagó por alguno de los terrenos hasta cuatro veces más de lo abonado días antes por estas empresas.

Actualmente, los ministerios de Economía y Hacienda y de Justicia están estudiando toda la documentación sobre el caso para comprobar la regularidad de las actuaciones de las partes que intervinieron en la operación de compra-venta de los terrenos.

La actual presidenta de Renfe, Meré Sala, aseguró ayer en el Congreso que la actuación de la compañía ferroviaria es perfectamente legal, "ya que se han pagado los impuestos y las operaciones se han realizado con total transparencia". Precisó que lo que hay que investigar es si todas las empresas que han participado en la operación han tributado como les corresponde.

Sala anunció que Renfe va a solicitar a la Intervención General del Estado la elaboración de una auditoría externa para determinar cual debería haber sido el precio de veta de los terrenos adquiridos por la compañía ferroviaria.