El magistrado toma esta decisión en el marco de la causa judicial en la que investiga el atentado cometido por la banda terrorista en Santa Pola (Alicante).

El ataque se produjo el 4 de agosto de 2002, y como consecuencia del mismo dos personas resultaron muertas, una de ellas era la niña de seis años Silvia Martínez Santiago. También murió Cecilio Gallego Alaminos y hubo más de medio centenar de heridos.

La providencia pide que se libre "oficio a la Jefatura de Información de la Guardia Civil a fin de que elabore informe sobre el estudio de placas de matrículas utilizadas, procedencia de las mismas, blancas, troqueladas o de números pegados en la matrícula, utilizada en el coche-bomba con el que se cometió el atentado terrorista objeto de la presente causa".

La asociación de víctimas Dignidad y Justicia, personada como acusación popular, había solicitado a García-Castellón que se investigase una troqueladora que pudo ser usada en los preparativos de este atentado.

El juez entiende que "dado que dicha troqueladora no fue incautada hasta el 31 de mayo de 2005", es procedente que la Guardia Civil "incluya en dicho informe una relación y estudio de todas las placas de matrícula que fueron utilizadas por la organización terrorista ETA para cometer sus atentados".

Además, pide a la Jefatura de Información de la Guardia Civil y a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional que informen si "sobre la troqueladora se realizaron los pertinentes informes periciales lofoscópicos", para encontrar huellas dactilares.