El juez imputa a Ferrán Jolis Guardiola, Xavier Buigas Llobet, David Budria Altadill y Clara Borrero Espejo el delito de pertenencia a organización terrorista y añade la acusación por tenencia, depósito y fabricación de sustancias o apartaros explosivos e inflamables o de sus componentes de carácter terrorista a Eduardo Garzón Bravo, Esther Garcia Canet, Sonia Pascual Guiral, Queralt Casoliva Rocabruna, Germinal Tomas Aubeso, Alexis Codina Barberan, Jordi Ros sola, Guillem Xavier Duch Palau y Rafael Joaquín Delgado López.

Según el magistrado, este grupo de personas constituía el llamado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), que estaba formado por elementos altamente radicalizados que provenían de diferentes CDR.

Esta célula era entendida como un grupo de la máxima confianza encargado de las acciones más sensibles. García Castellón los describe como convencidos del independentismo y del activismo radical como vía para lograr su objetivo. Estos medios incluían, según el juez, el uso de la violencia con el objetivo de forzar a las instituciones del Estado a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña.

El auto detalla varias acciones en las habrían participado los procesados como cortes de carreteras principales, levantamiento de las barreras en varios peajes o vertidos de aceite en la carretera C-55, que era zona de paso obligado por la comitiva que trasladaba a los presos del ‘procés’ desde el centro penitenciario de Lledoners.

El juez da credibilidad a la idea de que los investigados crearon un centro de coordinación para las acciones de los CDR y aceptaron el cargo de crear un “CNI catalán” que ayudara a diseñar la ocupación del Parlament para encerrarse en él.