El diputado del PP Miguel Barrachina criticó duramente la puesta en funcionamiento y custodia del centro, que calificó como "un auténtico desmadre", de tal calibre que los ladrones que deberían haber sido grabados se llevaron las cámaras de seguridad.

Barrachina insistió en que, pese a que la obra estaba aún bajo custodia de la empresa adjudicataria, la competencia del Estado sobre prisiones es exclusiva, y por tanto debe hacerse responsable del desaguisado.

Gallizo explicó que el nuevo penal se inauguró el 17 de junio de 2008, aunque una vez finalizadas las obras de construcción, "y como es habitual, se dotó de equipamientos a la instalación y se dio un tiempo de ajuste de todos los sistemas y de adaptación de los funcionarios y empresas de mantenimiento".

Este período de adaptación puede durar entre 3 y 4 meses, durante los cuales la responsabilidad de la custodia de las instalaciones corresponde a la empresa adjudicataria de las obras.

Fue en ese período cuando se produjo la sustracción de 11 cámaras de vigilancia, hecho que la empresa comunicó a Instituciones Penitenciarias y que denunció ante la Guardia Civil.

El coste de lo sustraído ascendió a 5.800 euros, que, según dijo Mercedes Gallizo, fue asumido por la empresa, que repuso los equipos, y, por tanto, "no supuso ningún gasto" para Instituciones Penitenciarias.