Gallizo hizo esta reflexión en el Congreso de los Diputados, en cuya Comisión de Interior compareció para dar cuenta de los planes de su departamento para esta legislatura.

La responsable de prisiones destacó el hecho de que la población penitenciaria ha aumentado en un 60 por ciento entre 2000 y 2008, plazo en el que el número de reclusos ha pasado de 39.013 a 62.239. Además, el número de personas que cumplen penas alternativas a la prisión ha pasado de 812 a 39.000 en este mismo espacio de tiempo.

Estas cifras llevaron a la secretaria general a asegurar que, aunque el sistema penitenciario está actuando "con gran solvencia", hay que plantearse que el "esfuerzo" económico que se está haciendo pueda no ser suficiente para afrontar el incremento de reclusos fruto de las reformas del Código Penal y de la persecución de conductas como la violencia doméstica o las infracciones viales.

PEQUEÑOS DELINCUENTES

Por este motivo, Gallizo dijo que "parece imprescindible hacer una reflexión sobre la razonabilidad del incremento del recurso a la prisión, en particular en las penas de corta duración y para las personas que han cometido un único delito".

A este respecto, apuntó que "a pesar de que existe una creencia popular en nuestro país de que las penas de corta duración no se cumplen, ahora hay más de 10.200 internos en nuestros centros que cumplen penas inferiores a tres años".

Añadió que, además del coste económico, "debemos plantearnos si el recurso a la prisión es eficaz en la lucha contra el delito, y si eso es así, bienvenido sea el gasto y debemos hacer todos los esfuerzos para afrontarlo".

Sin embargo, dijo que a su departamento le preocupa que "no siempre se valore el impacto que la privación de libertad ejerce sobre las personas y que puede actuar a veces como elemento de desocialización de personas que han cometido un único y primer delito". Frente a esto, apuntó que estas personas pueden ser controladas mediante procedimientos telemáticos o cumplir penas de trabajos sociales.

11 NUEVAS CÁRCELES

Por otra parte, Gallizo indicó también en su comparecencia que el número de celdas existentes ahora en España es de 46.040. Explicó que a estas celdas se sumarán las de los 11 centros penitenciarios y 26 centros de inserción social que se construirán esta legislatura.

Por su parte, la diputada del PP Carmen Navarro declaró que su partido apoya las penas alternativas a la prisión, pero aseguró que las condenas de los tribunales deben cumplirse. Al mismo tiempo, la portavoz popular también se quejó de la escasa enseñanza de idiomas que se lleva a cabo en los centros penitenciarios.

A su vez, Emilio Olabarría, del PNV, se quejó de que el Gobierno no haya transferido al País Vasco la competencia de prisiones, mientras que Rosa Díez, de UPyD, reclamó que se tengan en cuenta las denuncias de falta de seguridad en algunas cárceles realizadas por los funcionarios.