Gallardón explicó en rueda de prensa que el suelo sobre el que están construidas esas edificaciones ilegales es un suelo protegido propiedad de la Comunidad de Madrid. Por ello, aclaró que cuando se libere ese suelo de la ocupación ilegal, no podrá tener ningún aprovechamiento urbanístico.

Insistió en que ese suelo tiene una protección específica, "muy específica, como tal cañada real". "No hay ninguna posibilidad, ni podríamos hacerlo nosotros, que no somos propietarios del suelo, pero tampoco, y, por supuesto, no lo querría ni lo ha querido jamás, podría hacerlo el propietario del suelo, que es la propia comunidad autónoma, porque tiene ese grado de protección", reiteró.