El Ayuntamiento se dota así de un nuevo modelo organizativo y competencial que exige la adecuación de las competencias de los distintos órganos ejecutivos al nuevo marco legal.

Según informa el consistorio, las disposiciones que se han aprobado son un primer paso en el proceso de adaptación de la Administración de Madrid para racionalizar y ordenar su estructura administrativa, lo que redundará en la modernización y mejora de los servicios que presta a los ciudadanos.

No obstante, la implantación del modelo organizativo previsto en dicha ley no se completará hasta que el Pleno apruebe la adaptación de las normas orgánicas actualmente vigentes.

La Ley de Capitalidad establece un modelo de gestión en el que alcalde y Junta de Gobierno asumen la totalidad de las funciones de carácter ejecutivo. Por un lado, profundiza en la configuración del Pleno como órgano de debate y de adopción de las decisiones estratégicas que afectan al municipio, y, por otro, refuerza las funciones de la Junta de Gobierno como órgano ejecutivo de dirección política y administrativa.