Según el alcalde, no importa el tiempo que lleven instalados allí porque en cualquier caso son suelos "de dominio público" que no han sido enajenados nunca por parte de su titular, la Comunidad de Madrid en la actualidad y, antes, la Diputación Provincial.

"Sobre un suelo de dominio público no se pueden generar ningún tipo de derechos de propiedad, absolutamente ninguno", subrayó Gallardón en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, aclarando que se refería a los tramos de Cañada Real que están en el municipio de Madrid. "No estoy en condiciones de decirles si en otros municipios hay otro tipo de circunstancias distintas", dijo.

Gallardón indicó que lo que hay en Cañada Real es "una realidad social, y es que hay una ocupación"; y explicó que elAyuntamiento tratará la situación concreta de cada una de las personas que viven allí.

Según Gallardón, no es lo mismo una vivienda habitual, que dará derecho a un realojo por parte de los organismos competentes a las personas que carezcan de recursos para comprarse una vivienda; que una ocupación de un espacio para una actividad distinta de la vivienda, lucrativa o no lucrativa, que no genera ese derecho.

"Esto lo hemos hecho exactamente igual en todos los poblados de infraviviendas que históricamente hemos tratado en Madrid, y así es como lo vamos a hacer", afirmó Gallardón, quien insistió en que ese derecho que algunos habitantes de la Cañada Real tendrán a una vivienda de carácter público no nace de que tengan un título de propiedad, sino de "un ejercicio de solidaridad por parte de la sociedad madrileña".

COMPARECENCIA DE PILAR MARTÍNEZ

Gallardón destacó la importancia del acuerdo alcanzado sobre este asentamiento ilegal, y anunció que la delegada de Urbanismo y Vivienda, Pilar Martínez, comparecerá a petición propia en el próximo Pleno del Ayuntamiento para informar del mismo a todos los grupos municipales.

El alcalde insistió en que dentro del convenio alcanzado entre las tres administraciones, lo más trascendente es el acuerdo de intervención social, y dijo que ese acuerdo social tiene que tener necesariamente un carácter previo a cualquier enajenación, cesión, permuta o modificación de la actual titularidad del suelo.

Insistió en que eso define el modelo de solución acordada para Cañada Real, pero reconoció que "queda mucho por trabajar todavía". "El problema urbanístico, siendo grave, no es el más grave de Cañada Real. El problema más grave de Cañada Real es el problema social", reiteró Gallardón, quien insistió en que debe conseguirse la plena integración de todos los ciudadanos que viven actualmente allí.

Sobre la ordenación urbanística que acometerá el Ayuntamiento en la parte de Cañada correspondiente al municipio de Madrid, dijo que existen cuatro tramos que son diferentes y que, por ejemplo, en la parte próxima aValdemingómez no podrá haber otra cosa que elementos vinculados directamente con el vertedero.

Gallardón anticipó que cuando se haga la ordenación urbanística no se limitarán sólo a Cañada Real, sino también a los suelos colindantes, para conseguir "la plena integración" y la coherencia con el entorno. Gallardón explicó que Cañada Real no quedará como un elemento aislado de su entorno, sino plenamente integrado.