La Xunta entiende que la resolución mencionada vulnera el reparto competencial establecido por la Constitución y el Estatuto, al residenciar completamente en el Estado un proceso de subvenciones en relación a una materia, el turismo, que es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, según se establece en el artículo 27.21 del Estatuto gallego.

La resolución de la Secretaría de Turismo regula no sólo las condiciones y el procedimiento de concesión de las subvenciones, sino que también le atribuye al Estado la totalidad de las funciones de ejecución administrativa como son la gestión, concesión y pago de las ayudas, sin que exista ningún tipo de intervención autonómica prevista en todo el articulado.

En este sentido, la Vicepresidencia de la Igualdad y del Bienestar considera que el Estado "no dispone de un poder subvencional desvinculado del poder competencial, de suerte que el poder de gasto no puede ser autónomo de la competencia a que se refiere".