Los magistrados de la Sala Segunda adoptaron esta decisión tras deliberar durante poco más de una hora al término de las vistas de los recursos de apelación interpuestos por la acción popular contra la negativa del instructor de la causa, Eduardo Móner, a requerir el ejecutivo la desclasificación de un total de 8 documentos.

Durante la vista de los recursos, los abogados de la acción popular, José Luis Galán y Teodoro Mota, insistieron en la necesidad de incorporar dichos documentos al caso GAL' dado que, a su juicio, son "totalmente imprescindibles" para la instrucción del sumario.

Rechazaron que dicha incorporación deba hacerse durante la fase del juicio oral, tal como indicó la Sala Segunda en su auto del pasado 13 de marzo por el que denegó también solicitar los documentos, sino que, en su opinión, deben aportarse a la causa durante la instrucción del sumario dado que de ellos pueden derivarse imputaciones contra otras personas no procesadas en la causa, entre los que citaron alex responsable del CESID Emilio Alonso Manglano.

Además, destacaron que, cuando la sala rechazó en marzo pedir los documentos, éstos todavía estaban secretos, circunstancia que ahora ha variado tras el pronunciamiento de la Sala Tercera del Tribunal Supremo favorable a desclasificar un total de 13 de los 16 papeles que pidieron varios jueces.

Entre los 8 documentos que pide la acción popular figura uno, relativo a un posible pacto del CESID con la mafia, cuya desclasificación rechazó la Sala Tercra, que podría notificar mañana su decisión de levantar el secreto sobre los papeles, según fuentes judiciales.

La acción popular aprovechó su intervención durante la vista para criticar la conclusión del sumario acordada el pasado viernes por el juez Móner, de la que dijo que es un "cierre en falso", dado que se ha finalizado la instrucción sin haber investigado los documentos del CESID y la intervención de los servicios secretos en el GAL.

CASO BARRIONUEVO

Por ello, a su juicio, si no se invetigan los papeles de los servicios secretos, la causa se reconvertirá en el 'caso Barrionuevo' al igual que ocurrió con el 'caso GAL' que se tranformó en el 'caso Amedo' por no haberse investigado el uso de los fondos reservados, según dijeron.

Además de la incorporación de los documentos, los abogados de la acción popular también pidieron a la sala que acordase la citación como imputado en el sumario del ex jefe del área cuatro del CESID, Manuel Guerrero Bravo, quien supuestamente era el que facilitaa información sobre ETA al Mando Unico de la Lucha Antiterrorista cuyo ex responsable, Francisco Alvarez, está procesado en la causa.

Sin embargo, la acusación desistió durante la vista, como consecuencia de la desclasificación de los documentos, de su petición de que compareciesen como testigos el ministro de Defensa, Eduardo Serra, y dos periodistas que elaboraron una información sobre los papeles secretos.

A los recursos de la acción popular se opusieron el fiscal, el abogado del Estado y las efensas de Barrionuevo y de Rafael Vera. El fiscal, José María Luzón, indicó que la situación actual es la misma que cuando la sala rechazó el pasado mes de marzo solicitar los documentos e insistió en que las partes, e incluso la fiscalía, puede pedir los papeles durante la fase de juicio oral.

Por su parte, el abogado del Estado destacó que las peticiones de diligencias por parte de las partes no vinculan al instructor, que es al que corresponde valorar si aquellas son utiles o si son precisas para a apertura del juicio oral.

Finalmente, el abogado de Barrionuevo insistió en que los documentos continúan siendo secretos, ya que el Consejo de Ministros todavía no los ha desclasificado, mientras que la defensa de Vera dijo que los documentos pueden ser pedidos durante el juicio con lo que se evitarán reiteraciones y dilaciones, sin que ello suponga una lesión del derecho a utilizar los medios de prueba.