Así lo comunicó tras casi dos horas de deliberación, el presidente de la Sala Segunda, José Augusto de Vega, quien no dio más detalles de los motivos del tribunal para rechazar el recurso y se remitió a la resolución que en los próximos días dictará la Sala al respecto.

Asimismo, De Vega informó que la Sala acordó, también por unanimiad, desestimar otros tres recursos de las partes personadas en el "caso GAL" contra otras tantas negativas de Móner a practicar las diligencias que le solicitaron.

El tribunal adoptó estas decisiones tras celebrar esta tarde las vistas de los cuatro recurso de apelación.

Durante la vista del recurso sobre los papeles del Cesid, el abogado de la acción popular, José Luis Galán, insistió en que dichos documentos son de "transcendencia vital" para la instrucción del sumario, dado que de ellos se pueen derivar responsabilidades penales para otras personas que actualmente no están procesadas en la causa.

Según dijo Galán, los documentos del Cesid permitirían comprobar que los GAL no se gestaron únicamente en el Ministerio de Interior, sino que el Cesid también tuvo una gran importancia para el desarrollo de esa organización terrorista, y recordó que los servicios de inteligencia dependían del Ministerio de Defensa y también, orgánicamente, de la Presidencia.

Por ello, reiteró que era necesari solicitar esos documentos al Gobierno durante la fase de instrucción de la causa para saber qué personas pueden ser objeto de la acusación, al tiempo que destacó que la negativa de Móner de pedirlos al Gobierno no se debió a que considerara que esa prueba era inútil para la investigación, sino porque actualmente están clasificados como secretos.

Las tesis de Galán fueron apoyadas por Manuel Murillo, abogado de Francisco Alvarez, procesado en la causa, quien destacó que dichos documentos pueden aporta luz sobre el hecho de que los GAL fueron gestados "a niveles políticos muy altos" y que no fueron una cosa de un grupo policial que actuaba por su cuenta, sino que operaron siguiendo órdenes de sus superiores.

Por el contrario, tanto el fiscal como el abogado del Estado y los defensores del ex ministro de Interior José Barrionuevo y del ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera se opusieron a la petición de los documentos, al tiempo que resaltaron que sobre ellos su desclasificación está endiente que se pronuncie la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que se reunirá el próximo día 19 con tal motivo.

No obstante, el fiscal matizó que su oposición a la petición de los documentos es a día de hoy, porque éstos continuan secretos, y no descartó solicitarlos si se desclasifican.

Por su parte, el abogado de Vera, Manuel Cobo del Rosal, indicó que pedirlos ahora, sin saber oficialmente que dicen, por ser secretos, equivaldría a una prueba "prospectiva", que, agregó, "no se acomoda a las eigencias de la prueba lícita".

Además de este recurso, la Sala también rechazó citar a declarar como testigo al vicepresidente primero de Gobierno, Francisco Alvarez Cascos, en relación a las declaraciones que efectuó sobre los GAL el 29 de septiembre del año pasado en Mérida, cuando aseguró que los GAL eran fruto del "terrorismo de bodeguilla".

Esta declaración fue pedida por Murillo, quien hoy, durante la vista, alegó que "hay que pensar que Alvarez Cascos tiene pruebas documentales para hacer na manifestaciones tan graves", al tiempo que calificó de "genocidio" los 28 asesinatos cometidos por los GAL.

Además, la Sala también rechazó volver a tomar declaración al ex director general de Seguridad Julián Sancristóbal en relación a una supuesta reunión celebrada en 1983 en la sierra de Guadarrama (Madrid), en la que se habría acordado secuestrar a etaras en el sur de Francia.

Esta reunión fue desvelada por Ricardo García Damborenea en un careo mantenido con Barrionuevo y, según el primero en ella participaron, además de él y el ex ministro del Interior, Sancristóbal y los dirigentes socialistas José María Benegas y Ramón Jáuregui.

Finalmente, la Sala desestimó también un recurso de Vera para que Móner tomara declaración a varios ex ministros de Interior y mandos policiales franceses, con el fin de confirmarse la colaboración del departamento de Interior español en la lucha contra los GAL.