Asímismo, en una resolución dictada hoy, el magistrado también rechaza, por ahora, tomar declaración como testigos a los periodistas del diario "El Mundo" que firmaban la información sobre los documentos secretos, así como al mando del CESID Manuel Guerrero Bravo como imputado. Este, según el mismo diario, era quien aportaba al Mando Unico de la Lucha Antiterrorista los datos conseguidos por los servicios de inteligencia sobre ETA.

Ambas peticiones fueron realizadas al magistrado por el abogado e la acción popular, José Luis Galán, quien también instó a Móner a que solicitase al Ministerio de Defensa la desclasificación de los documentos que figurasen como secretos ya que, a su juicio, resultan imprescindibles para el enjuiciamiento del 'caso GAL'.

Sin embargo, en su resolución, el instructor del 'caso GAL' indica que "está informado, lo mismo que las partes de esta causa, de la situación en que se encuentran los documentos y de que es público y notorio, porque así surge de informaciones y dclaraciones difundidas por los medios de comunicación, que los documentos requeridos continúan estando clasificados como secretos oficiales".

Por ello, indica que "mientras no existan, como se dijo y se reitera en auto de 11 de julio de 1996 (por el que rechazó anteriormente pedir la desclasificación de los documentos) razones objetivas que permitan suponer que no ha variado la situación jurídica de estos documentos -y los recurrentes no aportan ninguna- no cabe insistir en una cuestión que ya ha sidodecidida por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción en su sentencia de 14 de diciembre de 1995", que estableció que el Gobierno es el único competente para levantar el secreto sobre materia clasificada.

Además, agrega que estando pendiente ante la Sala Segunda la resolución del recurso de apelación, interpuesto también por la acción popular, contra la negativa de Móner del pasado verano de a pedir la desclasificación de los documentos, "no procede, por ahora, y hasta la resolución de dicho recurso e apelación, acceder a lo solicitado", indica el juez de acuerdo con el dictamen del fiscal.

Por otra parte, respecto a la citación como imputado de Manuel Guerrero Bravo y de los periodistas como testigos señala que "en consonancia con lo anteriormente expuesto no procede, por ahora, acceder a lo solicitado".

En este sentido, el fiscal precisó en su informe que la "mera mención" que el diario "El Mundo" hacía en su información de la participación del mando del CESID en las reuniones del Mesa Antterrorista o lo declarado en la causa por el coronel Juan Alberto Perote el 22 de noviembre de 1995 -quien dijo que Guerrero Bravo participaba en dichas reuniones pero no precisó si tuvo acceso a los documentos secretos-, "no constituyen datos que justifiquen, a los efectos de esta causa especial, la declaración en concepto de imputado solicitada, por lo que la misma ha de considerarse inútil".

Además de estas diligencias, la acción popular también pidió a Móner que tomase declaración al ministro de Dfensa, Eduardo Serra, sobre las manifestaciones que éste hizo sobre los documentos del CESID publicados, a lo que el fiscal ya se ha opuesto.