Horas después, Serra matizó sus declaraciones "de forma escasamente convincente", según la acción popular, y señaló que dichos papeles coincidían "como dos gotas de agua" con los autos ictados por varios jueces para reclamar al Gobierno la desclasificación de 20 documentos secretos.

Además, la acción popular entregó al magistrado una grabación de las declaraciones de Serra que Móner, tras ordenar transcribirlas, ha incorporado a las actuaciones.

En un auto, el instructor del 'caso GAL' rechaza la petición indicando que las declaraciones de Serra "no se refieren a la 'ratio decisiones' de esta causa, por lo que según lo que tiene establecido el Tribunal Constitucional, se trata e una diligencia no pertinente".

Agrega que "en efecto, el excmo. sr. ministro no realizó sus manifestaciones en conocimiento de elementos que permitirán aclarar los hechos objeto de investigación de este sumario", es decir, el secuestro de Segundo Marey por los GAL.

Además, el magistrado recuerda en su resolución que "una vez que el sumario ha reunido los elementos necesarios" y que las actuaciones que han de realizarse en el mismo "son las encaminadas a preparar el juicio, la diligencia interesda no es útil porque no aporta elementos necesarios para permitir decidir sobre la apertura de juicio oral".

"Y tampoco es conveniento porque demoran el mismo con una repetición de diligencias que luego se deberán practicar de todos modos en el dicho acto", añade.

Asímismo, el magistrado vuelve a rechazar en su resolución solicitar la desclasificación de determinados documentos del CESID, tal como también le pidió la acción popular, pero destaca que las diligencias pedidas y denegadas pueden ser ropuestas de nuevo en el juicio oral por lo que "no supone gravamen para la parte".