De este modo, el magistrado rechaza una petición del abogado de Planchuelo, José Aníbal Alvarez, quien solicitó el pasado mes de marzo a Móner que abriese las diligencias que considerase oportunas contra Olivares por un presunto delito de desobediencia a los mandatos judiciales, al no haber facilitado la escolta al ex comisario que fue acordada en agosto del pasado año por el juez Baltasar Garzón y posteriormente por el propio Móner.

El magistrado adoptó esta dcisión de acuerdo con el dictamen del fiscal del caso, quien estimó que no existe dato alguno que demuestre la comisión de dicho delito por parte del ex responsable de la Policía.

El abogado de Planchuelo hizo esta petición al juez después de que la Dirección General de la Policía comunicase al magistrado el pasado mes de febrero que no era necesario facilitar escolta al ex comisario, dado que reside en un edificio policial que tiene vigilancia, no se desplaza con frecuencia, y si lo hace, es acompañao por funcionarios del Cuerpo.

Además, destacaba que el ex comisario es perfectamente conocedor de los sistemas de autoprotección por su experiencia en la Policía y que las contravigilancias efectuadas sobre él no han detectado situaciones de riesgo.

Este informe fue respuesta a una petición formulada por el juez Móner el pasado mes de enero a la Secretaría de Estado de Interior, a la que solicitó que le informase sobre qué tipo de protección disponía Planchuelo.