E Consejo de Ministros adoptó esta decisión siguiendo el dictamen en ese sentido emitido por la Asesoría Jurídica General del Ministerio de Defensa, que estimó que dicha documentación "afecta a la seguridad del Estado, a la defensa nacional y a las relaciones internacionales" y señaló que no existe "obligación jurídica para acceder" a la petición del juez Garzón.

En su informe, reflejado por el Consejo de Ministros en su acuerdo, al que ha tenido acceso Servimedia, los servicios jurídicos de Defensa cosideraron además que "dicha desclasificación pondría en peligro las fuentes de información del CESID, así como la seguridad personal de quienes son o fueron miembros del mismo, lo que afectaría de modo sensible y negativamente a la seguridad del Estado".

Además, destacó que "dadas las funciones que legalmente le corresponden al CESID en relación a la seguridad y defensa del Estado, la desclasificación que se interesa afectaría a la estructura, organización, medios y procedimientos operativos específics del centro, con grave perjuicio de la defensa nacional".

Asímismo, afirmó que esa medida "supondría el incumplimiento de obligaciones internacionales convencionalmente asumidas e implicaría, además, un serio quebranto de la credibilidad de la nación en el marco de las relaciones internacionales que mantiene dentro de un contexto general de colaboración e intercambio de información clasificada".

Por ello, el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Defensa y "valorando los intereses en uego, principalmente el de la seguridad del Estado, cuya exclusiva interpretación le corresponde en esta materia y en el ejercicio de sus funciones directivas de gobierno, acuerda no acceder a la desclasificación solicitada".

El juez Garzón solicitó al Consejo de Ministros la desclasificación de dichos documentos pocos minutos después de que el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción le notificase el pasado 15 de diciembre el fallo en el que dió la razón al Ministerio de Defensa en el contencioso que mntuvo con el magistrado sobre su negativa a entregarle los documentos del CESID que le reclamaba.

En esta ocasión, el magistrado formuló la petición siguiendo el cauce establecido por el tribunal en su sentencia, es decir, elevando al ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, una exposición a fin de que la trasladase al Consejo de Ministros para que éste valorase si desclasificaba los documentos del CESID que venía reclamando desde el pasado 11 de octubre.

En concreto, el juez pidió la desclsificación del denominado "acta fundacional" de los GAL; una nota de despacho elaborada por el coronel Juan Alberto Perote sobre la inminencia de acciones en el sur de Francia contra ETA por parte de miembros de las fuerzas de seguridad; otro documento de octubre de 1984 sobre determinados aspectos de la lucha contra el terrorismo y otro de noviembre de 1983 que enumera datos sobre la ubicación y datos personales de miembros de ETA militar.

Además, el magistrado solicitó "cualquier otro documento o miroficha en el que se haya tratado el fenómeno de los GAL con ese u otro nombre y que encajaría en lo que se ha dado en llamar 'guerra sucia contra ETA' o determinados episodios ilegales contra esa organización entre 1983 y 1987, según la relación contenida en el requerimiento hecho al director general del CESID el 27.7.95".

Los servicios jurídicos de Defensa dictaminaron a favor de elevar la exposición del juez Garzón al Consejo de Ministros, ya que es el órgano competente, conforme a la Ley de Secrets Oficiales y a la sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción "para resolver, dentro de sus funciones directivas de gobierno, previa valoración de los intereses en juego, principalmente el de la seguridad del Estado, cuya exclusiva interpretación le corresponde en esta materia".