Aranda deberá precisar en su dictamen si existieron contactos etre funcionarios de la Fiscalía y personas relacionadas con la causa, cuáles fueron los contenidos de esas conversaciones, si en ellas participó el fiscal jefe o dió su consentimiento y si esos contactos tuvieron reflejo en algún documento o soporte de audio y se comunicaron al juzgado.

Así lo estableció el juez Gómez de Liaño en un auto que dictó el pasado jueves en el que acordó emplazar al fiscal jefe a que en el término de tres días le remitiese un "informe comprensivo" sobre esos contactos. Sin ebargo, Aranda no recibió ese día la petición del juez al encontrarse de baja por enfermedad.

El magistrado adoptó esta resolución después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidiese el pasado 23 de diciembre estimar el recurso de queja interpuesto por Aranda contra la decisión de Gómez de Liaño de citarle a declarar sobre las conversaciones entre Gordillo e Iruín.

Esa diligencia, acordada para el pasado 2 de diciembre, no llegó a practicarse al suspenderla cautelarmente la Sala e lo Penal, la cual, días después, consideró la citación de Aranda por parte del juez como "innecesariamente perturbadora".

En su auto, Gómez de Liaño dejó sin efecto la citación del fiscal jefe, de acuerdo con lo establecido por la sala, pero rechazó que su decisión de citar a declarar a Aranda fuese "innecesariamente perturbadora" pues "vista la decisión final de sustituir el testimonio por un informe resulta que aquella actuación equivalente no era 'inutil' ni 'perjudicial'".

También criticó a tribunal por haber admitido el recurso de queja presentado por Aranda "saltándose el recurso de reforma y creando un sucedáneo recurso de apelación".

Además, Gómez de Liaño anunció en su auto que "si el informe (solicitado a Aranda) fuese incompleto", pedirá al fiscal jefe cuantas aclaraciones estime necesarias.