Durante la vista de apelación al procesamiento de sus defendidos por parte del magistrado Eduardo Móner, los aboados de Barrionuevo, Pablo Giménez de Parga; y de Vera, Manuel Cobo del Rosal, insistieron en que lo instruido por Garzón debe anularse porque cometió irregularidades.

Jiménez de Parga dijo a este respecto que Garzón retuvo "de forma indefinida y "deliberadamente" el sumario de Segundo Marey, a pesar de que existían indicios que implicaban a Barrionuevo, con lo que el caso debería haber sido elevado al Supremo al ser el ex ministro un aforado.

Este letrado explicó que en las declaraciones realizaas a finales de 1994 por los ex policías José Amedo y Michel Domínguez, con las que se reabrió el `caso Segundo Marey', ya se implicaba al ex ministro.

Para el defensor de Barrionuevo, estas declaraciones, que Garzón no consideró suficientes para imputar a Barrionuevo, fueron las que encabezaron la exposición razonada que seis meses después Garzón elevó al Supremo por si convenía trasladarle el caso. Por su parte, Cobo del Rosal dijo sobre la posible nulidad del caso que todo lo afirmado por el abogad de Barrionuevo debe ser aplicado también a Rafael Vera.

VALOR DE LOS TESTIMONIOS

Jiménez de Parga se quejó asimismo del trato favorable dado por Garzón a los imputados en el caso cuando decidían testificar contra sus superiores. "Cuando los acusados niegan los hechos entran en prisión provisional y cuando imputan a sus superiores su situación procesal mejora", afirmó.

El abogado de Barrionuevo dijo en sus alegaciones a las medidas cautelares contra su defendido, que las imputaciones contra el x ministro se basan en su práctica totalidad en los testimonios de otros imputados y en datos complementarios de escasa consistencia, como llamadas de teléfono.

Asimismo, este letrado explicó que, a su juicio, el delito de detención ilegal que se imputa a su defendido está prescrito. Para este abogado, el artículo que el instructor Eduardo Moner aplica a Barrionuevo no es el correcto.

Sobre el auto procesamiento, Jiménez de Parga sugirió que fue dictado doce días después del auto de medidas cauteares, sin que se practicaran nuevas diligencias que llevaran a acordar el procesamiento de Barrionuevo.

El auto de procesamiento es para este letrado "impreciso" y está lleno de falta de concreción y algunos hechos descritos para procesar a los inculpados no se corresponden con las diligencias instruídas.

BANDA ARMADA

Cobo del Rosal basó su intervención en que Rafael Vera no puede ser acusado de pertenencia a banda armada, tal y como hizo el juez instructor Eduardo Moner, porque no existen indiios para ello. Según este abogado, "puede haber intuición, sospecha o deducción, pero no indicios. Y cuando no hay indicios no se puede precisar por un delitó", afirmó.

Asimismo, Cobo del Rosal argumentó que en caso de que hubiese pruebas contra Vera de que cometió un delito de pertenencia a banda armada, no existió por parte de Vera la intención de alterar el orden constitucional, algo que se requiere para que exista banda armada.

ACUSACION

Por su parte, los abogados de las acusaciones particuares negaron los argumentos de las defensas e insistieron en que no cabe la nulidad de lo instruído por Garzón, que reunió, asu juicio, pruebas suficientes contra los acusados.

En este sentido, Miguel Castells, abogado de la Acusación Particular, dijo en su intervención que la defensa de Barrionuevo confunde la sospecha con la imputación. Para Castells, la imputación se da cuando hay indicios contra una persona, algo que sucedió con Barrionuevo cuando testificaron contra el sus subordinados.

Castlls negó que existiese confabulación entre los imputados contra Barrionuevo y Vera, y dijo que los inculpados crearon una banda armada que cometió una veintena de atentados durante varios años.

Asimismo, los abogados de la Acción Popular, José Luis Galán y Teodoro Motta, replicaron también a las alegaciones de Vera y Barrionuevo y explicaron que Garzón realizó la instrucción del sumario "con plenas garantías".

Las alegaciones presentadas por Giménez de Parga y Cobo del Rosal serán evaluadas por ls 10 magistrados que conforman el pleno de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo en los próximos días.

El magistrado Eduardo Moner que investiga el secuestro de Segundo Marey en el Supremo acusó a Barrionuevo en el auto de procesamiento de detención ilegal, malversación de fondos públicos y relación con banda armada. Por su parte, Rafael Vera fue procesado por malversación de fondos públicos, detención ilegal, delitos monetarios y pertenecia a banda armada, delito este último que no fue conemplado por Garzón.