En el escrito, al que ha tenido acceso Servimedia, la defensa de Alvarez matiza que mientras no se reciba la preceptiva autorización de las Cortes, "no procede realizar actividad procesal alguna que afecte directamente a cualquiera de las personas aforads".

Murillo señala que ello, además, supondrá "un principio de economía procesal, pues si el Congreso de los Diputados denegase la autorización para continuar la investigación con respecto a las personas aforadas, se sobreseerá la causa definitivamente con respecto a todos los aforados" de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El abogado pide además a la Sala Segunda que, en caso de que el Congreso conceda el suplicatorio, se les tome declaración "como imputados asistidos de abogado y co intervención de esta parte".

Finalmente, Murillo afirma en su informe que considera "ajustada a derecho la resolución del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de remitir a esta sala del Tribunal Supremo la exposición razonada sobre competencia de este Alto Tribunal para continuar la investigación iniciada al haberse detectado pruebas de cargo de la comisión de hechos delictivos por cuatro aforados".

Este es el segundo informe de las partes personadas en el 'caso GAL' ue recibe la Sala Segunda, después de que la acción popular remitiera anteayer su dictamen en el que, al igual que la defensa de Alvarez, pide al tribunal que solicite el suplicatorio de los aforados para tomarles declaración en calidad de imputados.