García Damborenea hizo estas declaraciones tras comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por primera vez dentro del sumario que el magistrado instruye por el 'caso Oñaderra'.

A su salida de la Audiencia Nacional, el ex responsable socialista dijo a los informadores, en referencia a los GAL, que "esto fue una iniciativa del Gobierno al frente del cual había un presidente que estimuló y amparó esa iniciativa y se llevaron a cabo unas acciones bajo las órdenes directas del presidente del Gobierno", aunque matizó que con estas declaraciones "yo no estoy acusando a nadie, estoy simplemente contando la verdad".

García Damborenea también explicó que durante su comparcencia ante el juez ratificó las declaraciones que ya hizo al magistrado el 20 de julio del pasado año, cuando implicó por primera vez a González y a otros miembros del anterior Gobierno, como José Barrionuevo, en los GAL.

Asímismo, precisó que también reconoció el contenido del documento del CESID conocido como 'acta fundacional' de los GAL que el Gobierno entregó recientemente a Garzón y señaló que su contenido coincide con el de el papel que él facilitó al magistrado en septiembre del pasado año. Además, agregó que se ratificó, asímismo, en las declaraciones que hizo ante el juez del Tribunal Supremo Eduardo Móner sobre la existencia de una reunión celebrada en un chalé de la sierra de Guadarrama en la primavera de 1983 en la que participaron altos cargos de Interior y dirigentes socialistas.

Fuentes jurídicas informaron que García Damborenea explicó al juez que dicha reunión fue convocada por Barrionuevo ante las dudas que había sobre la respuesta que había que dar al terrorismo, que habíapuesto al Gobierno "contra las cuerdas".

Precisó que en dicha reunión, celebrada en un chalé de Icona y que duró dos días, participaron el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera; el delegado del Gobierno en el País Vasco en aquellas fechas, Ramón Jaúregui; los gobernadores civiles de Guipúzcoa, Vizcaya y Alava, Julen Elgorriaga, Julián Sancristóbal y Jesús García Villoslada; el secretario general del PSOE en Euskadi, José María Benegas, y los secretarios del PSOE en Guipúzcoa, Enrique Csas; de Alava, Angel Gavilán y de Vizcaya, el propio Damborenea.

Estas fuentes señalaron que García Damborenea indicó que se trató de una reunión informal cuya finalidad era impulsar y contrastar criterios sobre la política antiterrorista a seguir fundamentalmente respecto al "santuario francés" que, según indicó, era el punto más débil.

Añadió que los asistentes a la reunión no adoptaron ningún acuerdo concreto, aunque reflejaron la necesidad de emprender acciones en el sur de Francia con la ayua del Gobierno francés, si era posible, y, si no, sin ella, que consistirían en la detención de presuntos terroristas y su puesta a disposición de las autoridades judiciales españolas.

Las fuentes consultadas resaltaron que ante el juez, García Damborenea no hizo formuló ninguna acusación directa contra González, en contra de lo afirmado posteriormente a los informadores, sino que se limitó a señalar que celebró varias reuniones con él antes y después de la reunión de Guadarrama y durante la actividadde los GAL en las que el ex presidente no expresó extrañeza ni indignación por las acciones de esa organización ni su voluntad de que cesasen.

Ante las declaraciones de García Damborenea a los periodistas, la acción popular anunció que aportará al juez las manifestaciones del ex dirigente socialista con el fin de que le vuelva a citar "ya que parece estar algo cohibido en presencia judicial", dijo el abogado José Luis Galán.

Tras García Damborenea compareció ante el juez Julián Sancristóbal, quie señaló que no tiene constancia de que González fuese informado de las conclusiones a las que llegaron los asistentes a la reunión de Guadarrama, que calificó como un encuentro de contenido político, sin adoptar ningún plan concreto ya que se trató de una reunión "heterogénea" en la que participaron responsables de Interior y políticos.

Asímismo, Sancristóbal ratificó el contenido del denominado 'acta fundacional' del que dijo que era un documento que "evaluaba las posibilidades de intervención en el ur de Francia" y que ya tenía conocimiento del mismo porque en 1983 se lo había mostrado el fallecido coronel Jesús Manuel Diego de Somonte, responsable del CESID en el País Vasco por aquellas fechas.