"Esto confirma la opinión generalizada que hemos tenido en este país durante tantos años, que el fenómeno GAL no es un fenómeno privado, sino que se produce dentro de las Fuerzas y Seguridad el Estado porque alguien, en un momento dado, da instrucciones y el visto bueno", dijo.

Bandrés señaló que el hecho de que se haya trdado diez años en identificar los cadáveres de Lasa y Zabala deja claro que hay responsabilidades, aunque no se pronunció sobre a quien alcanzan, porque normalmente cuando aparece alguien muerto se intenta averiguar su identidad mediante la lista de desaparecidos recientes.

Agregó que "no era muy difícil en aquel momento haberse dado cuenta de que había dos jóvenes de características semejantes que habían desaparecido una año antes, coincidiendo precisamente con la fecha de la muerte".

Tras señaar que "el gran problema reside en saber dónde está ese punto, si es a nivel ministerial, de un secretario de Estado o más abajo", criticó la "ligereza" con la que algunos políticos han acusando a Felipe González de ser el señor X.

RESPONSABILIDAD POLITICA

"Cuando la gente apunta hacia Felipe González, yo diría que Felipe González responde políticamente en este país de todo lo que se mueve desde el día en que tomó posesión de la presidencia del Gobierno hasta hoy, pero una cosa es una responsabilidd política y otra la responsabilidad penal, que son cosas totalmente distintas".

Bandrés alabó la prudencia de quienes ordenaron que los cuerpos fueran conservados y no enterrados o eliminados, lo que, desde el punto de vista jurídico penal le parece "un gran acierto". "Indudablemente, la persona que tomó esa decisión sabía que los cadáveres son un libro abierto y claman por sus agresores", dijo.

Tras insistir en que no conoce la interioridad del sumario sobre el caso de Lasa y Zabala, que fue soreseído en su día por la no identificación de los cadáveres, manifestó que la teoría de que existe una trama de los GAL en la Guardia Civil está empezando a cobrar forma, sobre todo a raíz de las declaraciones de los ex policías José Amedo y Michel Domínguez, condenados a 108 años de cárcel por su implicación en dicha banda armada.

Para Juan María Bandrés, el caso de Lasa y Zabala desentrañará muchas más cosas sobre los GAL, ya que ahora, dado que se sabe que fueron secuestrados y asesinados por este rupo armado y que los cadáveres han sido identificados, será más fácil dar con sus asesinos.

"Es un dato importante. En España no se puede perseguir a nadie por un delito de homicidio; sin la presencia física del cadáver, se hablará de una desaparición, pero ahora se tiene la prueba esencial del asesinato, que son los cadávares".