En declaraciones a Servimedia, Alcaraz puntualizó que, si la decisión adoptada se ajusta al Reglamento Penitenciario, "no tenemos nada que decir", salvo dejar claro que no se trata en absoluta de moderar los efectos de una decisión judicial, de cuya solvencia no se puede dudar.

Añadió que la esolución judicial fue justa y se tomó con todas las garantías para los acusados, y se mostró convencido de que el Estado de Derecho ha salido "absolutamente fortalecido" en todo este proceso.

Según Alcaraz, a pesar de que quedan juicios pendientes en relación con la actuación de ex altos cargos de Interior de la época socialista, la del GAL es una página que hay que pasar, desde el "respeto máximo" a la justicia, ya que hubo un proceso "imparcial con todas las garantías tanto en el Supremo como en elConstitucional".