En un recurso de reforma interpuesto hoy contra ese auto, los abogados señalan que la resolución de Móner está incursa "en ausa de nulidad de pleno derecho", dado que en la misma el magistrado deniega la práctica de una prueba solicitada por la acción popular -la declaración como testigo de la ex secretaria de Estado de Interior Margarita Robles-, sin darles la posibilidad de recurrirla.

Según la acción popular, el artículo 622 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece la posibilidad de concluir un sumario sin que pueda ser un impedimento el que no estén resueltos los recursos de apelación admititos en un solo efecto

Sin embargo, agrega que dicha normativa no acoge la posibilidad de resolver en ese acto procesal, la conclusión del sumario, la denegación de diligencias solicitadas, como hizo Móner.

Insisten en que esa ley impide acordar la conclusión del sumario cuando cabe por vía de recurso de reforma la impugnación de diligencias solicitadas y desestimadas, y añaden que no puede finalizarse la investigación hasta que el instructor no resuelva los recursos de reforma que caben contra la denegación de prueba.

Por ello, en su opinión, "al haberse acordado la desestimación de la diligencia de prueba testifical solicitada por esta representación en el marco de la resolución que clausura el sumario, se pretende hacer inviable su impugnación, cuando de manera alguna puede ser así, ya que la denegación de la diligencia es susceptible de recurso".

"De otra forma se estaría vulnerando la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24.1 de la Constitución Española dando firmeza de hecho a la resolución, añaden los letrados.

Así, indican que el magistrado debería haber resuelto en el auto que dictó la pasada semana únicamente sus peticiones de pruebas, ya que "la práctica de la diligencia instada podría incidir en la no inmediata posibilidad de terminar el sumario".

La acción popular también recurre en su escrito la denegación por parte de Móner de la declaración de Margarita Robles insistiendo en que la ex secretaria de Estado fue testigo directo de los hechos narrados en un libro por el perioista Fernando López Agudín, según el cual hubo una trama político policial para callar a los ex policías José Amedo y Míchel Domínguez.

Además, los abogados rechazan que esa diligencia pueda considerarse inútil e innecesaria, como hizo el instructor, dado que no se ha practicado y afirman que tampoco puede decirse que esa declaración produzca demora en el procedimiento.

"Difícilmente puede entenderse inútil para la instrucción la declaración de una ex secretaria de Estado de Seguridad, cuando la isma puede poseer datos útiles para la causa, sin que exista razón lógica y procesal alguna para esperar al acto del juicio oral, considerando además la significación del cargo ocupado por la testigo", concluyen.