Por su parte, el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha remitido al fiscal y las acusaciones del 'caso Monbar' una providencia para que informen si debe o no admitir a trámite el conflicto de jurisdicción planteado por el Gobierno contra su juzgado para no entregarle la documentación del Cesid sobre el GAL.

Garzón interpela a las partes para que se pronuncien sobre debe elevar ante el Tribunal Supremo a negativa del ministro de Defensa a facilitarle la documentación sobre el CESID que le ha requerido, ante la eventualidad de que hubiera podido incurrir en la "responsabilidad penal" establecida en el artículo 371 del Código Penal, que tipifica la conducta de obstrucción a la justicia.

El mencionado artículo 371 dice textualmente: "El funcionario público que, requerido por Autoridad competente, no prestare la debida cooperación para la administración de justicia u otro servicio público, incurrirá en as penas de suspensión y multa de 30.000 a 150.000 pesetas. Si de su omisión resultare grave daño para la causa pública o para un tercero, las penas serán de inhabilitación especial y multa de 30.000 a 150.000 pesetas".ACCION POPULAR

Por su parte, la acción popular en el 'caso Monbar' estuvo esta mañana a punto de presentar a Garzón una petición para que se tome declaración como imputado al ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, por el presunto delito de denegación de auxilio a la Justiciaal no entregar los informes del Cesid sobre los GAL.

El abogado Teodoro Mota decidió en el último momento incluir esta petición en la contestación a la mencionada providencia de Garzón. Su compañero de despacho, José Luis Galán, manifestó que "no se puede utilizar un criterio de secretos oficiales para amparar la comisión de presuntos hechos delictivos, y en este sentido, la negativa del Ministerio de Defensa es evidente y notoria".

Por otro lado, la acción popular se ha dirigido al magistrado Edardo Moner, que instruye el 'caso GAL' en el Tribunal Supremo, para instarle a que se pronuncie sobre la realización de una serie de diligencias solicitadas el pasado 28 de agosto.

En esa fecha, la acción popular pedía al Supremo que, "con carácter urgente", se remita por parte del Cesid toda la información sobre la llamada 'guerra sucia' contra ETA, y particularmente la denominada 'acta fundacional' de los GAL.

Asimismo, los letrados reclamaban a Moner que requiriera al ministro Suárez Pertierray al director del Cesid, general Félix Miranda, "que aporten a esta Sala la orden que el primero emitió por escrito al segundo impidiéndole la entrega del documento citado en el apartado 1 al Juez Instructor de la Audiencia Nacional" ('acta fundacional' de los GAL). El magistrado Moner no ha respondido hasta la fecha a esas alegaciones de la acción popular.SUPLICATORIO

Asimismo, el documento enviado hoy al Supremo por los abogados de la acción popular en el 'caso Monbar' solicita el suplicatorio pra Felipe González, José Barrionuevo, Narcis Serra y José María Benegas a fin de citarles como imputados.

También pide la acción popular al Alto Tribunal que el ministro de Defensa y el director del Cesid remitan urgentemente al magistrado Moner el 'acta fundacional' de los GAL, fechado en 1983.

Asimismo, que entreguen la nota de despacho de fecha 28 de septiembre de 1983 que supuestamente fue redactada por el CESID y en la que se demostraría que este organismo tenía conocimiento del sur de Franca.

Además, un documento de octubre de 1983 en el que se habla de represalias a miembros de ETA; otro documento de noviembre del mismo año "que, al parecer, enumera datos sobre la ubicación y circunstancias personales de miembros de ETA militar en el sur de Francia", y cualquier otro documento sobre la guerra sucia contra ETA entre los años 83 y 87.