Las diligencias que Móner ha rechazado son la petición al Gobierno de José María Aznar de que desclasifique los papeles secretos del Cesid -que el anterior Gobierno socialista ya denegó al juez Baltasar Garzón- y que cite a declarar como imputados a Felipe González, José Maía Benegas y Narcis Serra.

La única explicación, según la acción popular, es que el instructor no tiene interés procesal en investigar los hechos y que está tratando de "impedir" que algunos de esos tres aforados se vean implicados.

En respuesta, los letrados han interpuesto un recurso de reforma y subsidiario de apelación ante el magistrado, en relación con el auto del pasado 19 de junio por el que Móner no estimaba necesario pedir al Gobierno que desclasifique los documentos del Cesid. Móner alga que en la instrucción no tienen que estar reunidas todas las pruebas, sino que lo importante es que se presenten en el juicio oral, y que, como es un sumario públicamente conocido, si el Ejecutivo lo estima adecuado, ya desclasificará los informes pertinentes.

José Luis Galán dijo hoy en rueda de prensa que estos argumentos del juez "suponen una abdicación de las funciones de instrucción y una grave quiebra del principio de independencia del poder judicial y de la exclusividad jurisdiccional del poer judicial".

Galán añadió que el instructor debe tomar la iniciativa, porque "el sumario no es una especie de 'buzón de la esperanza' en el cual determinadas personas van enviando lo que tienen por conveniente".

PRESIONES

En cuanto a la advertencia de Móner a los letrados de la acción popular para que no retrasen la fase de instrucción, Galán señaló que "parece traslucir una cierta prisa en acabar el sumario, haciéndose eco quizás de ciertas presiones sociales o políticas".

El abogado recrdó que ambas solicitudes las habían formulado el 28 de agosto de 1995, "precisamente en el primer escrito que dirigimos a la Sala, y por tanto no tenemos ninguna responsabilidad que esas peticiones nuestras se resuelvan en junio de 1996".

Por otro lado, la acción popular presentó hace una semana un recurso de queja ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra la negativa de Móner a citar como imputados en el 'caso GAL' al ex presidente Felipe González, el dirigente del Partido Socialista José Mara Benegas y el ex vicepresidente Narcis Serra, para darles la posibilidad de defenderse de las acusaciones que algunos procesados han vertido contra ellos.

Los abogados argumentan que la decisión del juez de no llamar a estas personas "tiene efectos definitivos, porque si no se puede tomar declaración a una persona en concepto de imputado no se puede dirigir la acción contra ella; viene a ser en la práctica como un auto de archivo y por tanto pensamos que esa resolución no la puede tomar por sí sólo e instructor, sino que tiene que ser revisable por la Sala en apelación".

Por su parte, el otro abogado de la acción popular, Teodoro Mota, manifestó que desde que el juzgado central de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional remitió las actuaciones al Tribunal Supremo, Móner ha ratificado los elementos que ya existían, "pero en realidad la investigación, el esclarecimiento de los hechos, no ha ido más allá".

"Y no ha ido más allá", añadió, "porque existiendo incluso posteriormente algúnotro indicio en relación con personas que han declarado como testigos, sin embargo se ha ido denegando de una manera sistemática la práctica de estas diligencias fundamentales".

UNICA EXPLICACION

Mota considera que "la única explicación es que no se tiene un interés procesal en investigar los hechos" e "impedir que alguno o algunos de los aforados estuvieran implicados y existieran más indicios o elementos".

Respecto a las conversaciones entre José Barrionuevo y Julián Sancristóbal publicadas hy en "El Mundo", en las que el ex ministro alude a la posibilidad de "tratar de forzar la entrada del Supremo" en el caso, Galán afirmó que "sería muy grave para el Tribunal Supremo y para toda la administración de justicia que los delincuentes pensasen que el Supremo es un tribunal cómodo".

"También hace unos días Domínguez (que acudió de forma voluntaria a declarar ante Móner sobre sus contactos privados con Garzón) decía que no había declarado eso antes porque no conocía el talante del Tribunal Supemo", añadió el letrado.

Respecto al contenido de estas conversaciones, Galán señaló que "tienen una gran importancia porque suponen, sin duda, la asunción de todas las responsabilidades por parte de Barrionuevo; esto ya incrimina definitivamente a Barrionuevo, sin ninguna posibilidad de escape".

Y como en las conversaciones se hace mención indirecta a Felipe González, "una tercera persona que en definitiva es la que tiene que desatascar el proceso y es la que tiene que dar la cara por todos ello", la acción popular presentará mañana en el Supremo un escrito pidiendo que se requieran las cintas magnetofónicas y que Barrionuevo y Sancristóbal declaren y, si es preciso, se sometan a un careo.