Presentado este viernes en el Congreso de los Diputados, el documento constata “retrasos muy acentuados para la primera valoración y la revisión de grado en varias provincias o comunidades autónomas”.

“Tales períodos de espera dan lugar a situaciones muy difíciles para muchas personas que, además de hacer frente a las limitaciones en la vida diaria que les impone su discapacidad, ven obstaculizado y demorado su acceso a diversas prestaciones sociales y ayudas que les pueden resultar imprescindibles”, lamentó Gabilondo.

A su juicio, “con el paso del tiempo resulta más difícil comprender el hecho de que las administraciones competentes se vean incapaces de solucionar este problema dotando adecuadamente de personal los equipos de valoración y orientación correspondientes".

A esta situación “se suma la entrada en vigor en abril de 2023 del Real Decreto 888/2022 que actualiza el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad y que establece unos nuevos baremos”, señaló.

Según el informe, la aprobación de este real decreto supuso para los órganos competentes la necesidad de adaptar los instrumentos empleados en la valoración y el desarrollo de una formación específica al personal encargado de las valoraciones.

Finalmente, Gabilondo recordó a “todas las administraciones que tramitan ayudas o prestaciones para las personas con discapacidad” que, “en los supuestos de revisión del grado, cuando no se resuelva en plazo por causas ajenas a la persona interesada, se ha de mantener la calificación previamente reconocida hasta que se dicte la resolución”.

TRANSPORTES

El Defensor llamó a “seguir desarrollando el servicio ADIF Acerca”, a fin de “avanzar en el proceso de mejora de la accesibilidad de la red ferroviaria”.

Según sus datos, 863 de las 1.495 estaciones de la red (el 58%) ya contarían con itinerarios accesibles, pero solo 141 (apenas el 9%) dispondría de dicho servicio. A su juicio, “parece necesaria una adecuada planificación de la expansión de dicho servicio, a fin de maximizar la eficacia de los recursos que se están invirtiendo en la mejora de la accesibilidad del transporte ferroviario, principalmente mediante la rehabilitación de estaciones y la renovación del material rodante”.

El Defensor del Pueblo está analizando un informe realizado por la Fundación ONCE, a propuesta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), en el que se valoran las condiciones de accesibilidad de las nuevas infraestructuras ferroviarias y las carencias advertidas, al objeto de requerir la actuación de la autoridad de seguridad ferroviaria.

DÉFICIT

Además, el informe del Defensor recoge las valoraciones del movimiento social de la discapacidad sobre “el déficit de ciudadanía” que arrastran todas estas personas.

Según explicó, significa que, debido a la discapacidad y con independencia de otras circunstancias socioeconómicas, el colectivo enfrenta más pobreza, menos empleo, menores niveles educativos y retributivos, inactividad forzada, segregaciones diversas, niveles de vida no adecuados, dependencia agudizada, escaso control sobre sus existencias, negación o disminución de derechos, institucionalización no deseada, imposibilidad de llevar una vida autónoma y de ser incluidos en la comunidad y mayor exposición a la violencia y al abuso, sobre todo si se trata de mujeres y niñas.