"Reconocida la importancia de la fusión, sus consecuencias no pueden valorarse únicamente por el interés de las propias entidades, ni exclusivamente por el de sus accionistas. Queremos expresar la importancia de los efectos sociales del proceso que se inicia, al que seguramente seguirán otros de parecido tenor, y la necesidad de que el resultado sea compatible con los intereses de los ciudadanos, que no desean poderes no controlados en la sociedad, y con los que los conumidores aspiran a mejores servicios en condiciones competitivas", señaló.

Eguiagaray añadió que el número de oficinas resultantes de la fusión y los procesos de reestructuración de efectivos que ya están en marcha "demandan una amplia información a los ciudadanos y a los trabajadores de las entidades sobre las consecuencias de todo tipo del proceso que se anuncia y hacen deseable un proceso de concertación social".