Esta fiscalización se refiere a las aportaciones recibidas por las fundaciones y entidades vinculadas o dependientes de dichos partidos políticos, así como a los gastos derivados de programas y actividades financiados con cargo a subvenciones públicas.

El Informe recoge en apartados independientes los resultados de la fiscalización para cada una de las fundaciones y entidades políticas. En el apartado de conclusiones se resumen, de forma conjunta, los aspectos más relevantes de los resultados obtenidos en la verificación de la regularidad contable de las aportaciones que reciben y de los gastos financiados con cargo a subvenciones públicas, así como en el cumplimiento de las disposiciones legales que les resultan de aplicación, como por ejemplo la transparencia de su actividad.

Entre las principales conclusiones el Informe indica que en 2018 únicamente 23 fundaciones y entidades (de un total de 51 fiscalizadas) remitieron en tiempo sus cuentas anuales, 22 lo hicieron fuera del plazo establecido por la ley (que finalizaba el 30 de junio del año siguiente) y seis de ellas no presentaron las cuentas, por lo que el Tribunal no ha podido analizar su financiación. En 2019, 16 fundaciones y entidades presentaron las cuentas en tiempo, 26 lo hicieron fuera de plazo y nueve no las presentaron.

El Informe pone de manifiesto que 19 fundaciones y entidades políticas de las 51 fiscalizadas permanecían sin actividad en los años 2018 y 2019, habiendo procedido varias de ellas a acordar su disolución y extinción en los ejercicios posteriores. Además, había seis que presentaban un patrimonio neto negativo al cierre del ejercicio 2019.

Solo 21 fundaciones o entidades vinculadas se habían inscrito en la sección específica del Registro de Partidos Políticos, incumpliendo con ello la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos.

BAJAN LAS DONACIONES

En cuanto a las aportaciones y donaciones privadas, la fiscalización recoge que ascendieron a 2 y 1,6 millones de euros en 2018 y 2019, respectivamente, siguiendo una tendencia decreciente (en 2017 recibieron 2,7 millones de euros). En este punto, el Informe observa una serie de incumplimientos tales como donaciones ingresadas en cuentas bancarias ordinarias al no tener abiertas cuentas específicas al efecto; donaciones procedentes de personas jurídicas sin aportar el acuerdo del órgano social competente; entregas de efectivo resultantes de convenios de colaboración no notificadas al Tribunal de Cuentas; y donaciones de personas jurídicas que no han sido notificadas al Tribunal de Cuentas en el plazo de tres meses desde su aceptación.

El total de subvenciones percibidas por las fundaciones y entidades políticas ascendió a 3,3 y 3,1 millones de euros en 2018 y 2019, respectivamente, habiendo sido fiscalizados los gastos financiados con cargo a una muestra representativa de ellas. En los casos en los que de la revisión se han observado gastos no subvencionables, se pondrá en conocimiento de los ministerios u organismos concedentes de las subvenciones a efectos de solicitar el correspondiente reintegro.

En lo referente a las obligaciones de transparencia, un total de 24 fundaciones y siete entidades políticas no habían publicado en su página web las cuentas anuales de los ejercicios 2018 y 2019, ni las conclusiones del informe de auditoría, en contra de lo dispuesto en la normativa vigente.

El Pleno del Tribunal formula un total de siete recomendaciones entre las que figura el establecimiento de un umbral de ingresos mínimo para que las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de los partidos políticos deban someterse obligatoriamente a auditoría externa.

También recomienda exigir, como requisito para concurrir a las convocatorias de subvenciones públicas dirigidas a fundaciones y entidades políticas, la inscripción obligatoria de aquellas en la sección específica del Registro de Partidos Políticos.

Además, el Tribunal sugiere ajustar las actividades económicas de las fundaciones y entidades y elaborar un plan de saneamiento con objeto de alcanzar el necesario equilibrio patrimonial, en caso de presentar una situación patrimonial negativa.