La Directiva 59/2013/Euratom señala la obligación de los Estados miembros de medir y controlar el radón en viviendas, colegios, edificios públicos o lugares de trabajo, y obliga a las administraciones a informar a los ciudadanos sobre los efectos de este gas. El responsable de la plataforma, José Miguel Rodríguez, denunció que la mayoría de la población desconoce la existencia de este gas y sus implicaciones en la salud.

La fundación recordó que España ya fue expedientada por Bruselas en 2019 por no trasponer dicha directiva y señaló que, de seguir el incumplimiento, puede acabar con una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El radón es la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco y la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo calificó como “carcinógeno humano del grupo I” hace 33 años. Se trata de un gas radioactivo que se filtra a viviendas y centros de trabajo a través del subsuelo y está muy presente en zonas como Galicia, Extremadura o las sierras de Guadarrama y Gredos, en Madrid.

“La presencia de radón es una variable que debería formar parte de los parámetros de medición obligatoria de calidad del aire, tanto en viviendas como en lugares de trabajo”, indicó Rodríguez. También denunció que la OMS recomienda una concentración de radón residencial inferior a 100 becquerelios por metro cúbico, mientras que el Código Técnico de la Edificación (CTE) lo fija en 300, “lo que supone una protección insuficiente” para la salud de las personas que respiran ese aire durante muchas horas al día, todos los días.