De ellas, 96 han sido presentadas por comunidades musulmanas, 95 corresponden a congregaciones evangélicas y 27 a comunidades judías. El montante global de las ayudas asciende a 1.037.000 euros.

Justicia indica que un número significativo de estos proyectos está dedicado a finalidades asistenciales y de integración social. Destacan los dirigidos a apoyar a mujeres en condiciones difíciles, a proporcionar ayuda económica a familias necesitadas, a la atención integral a inmigrantes o a personas pertenecientes a grupos desfavorecidos o en situación de exclusión social.

Junto a estos proyectos, se han presentado otros tendentes a favorecer la intermediación con las autoridades administrativas y organismos públicos; el asesoramiento jurídico y la tramitación de ayudas asistenciales; la atención domiciliaria a ancianos y discapacitados; la creación de guarderías y jardines de infancia o la realización de campamentos de verano para niños y jóvenes.

Otro número importante de proyectos se dedica a actividades de tipo cultural, como el mantenimiento de museos; realización de visitas culturales; creación de talleres de música, teatro y aulas interculturales; puesta en marcha o recuperación de bibliotecas, y realización de exposiciones sobre cultura judía y protestante.

En el campo educativo destacan los proyectos destinados a la impartición de clases de árabe, hebreo y castellano para niños, jóvenes y adultos; la enseñanza de la cultura e historia española, judía y musulmana; la compra de material escolar; la puesta en marcha de programas de alfabetización para mujeres; la realización de cursos de informática, y clases de apoyo escolar para niños inmigrantes.

La "Fundación Pluralismo y Convivencia" fue creada en diciembre de 2004 con el objetivo de favorecer y apoyar las actividades de carácter cultural, educativo y de integración social que realicen las confesiones y comunidades religiosas minoritarias que han celebrado Acuerdo de Cooperación con el Estado o a las que se ha reconocido la condición de notorio arraigo. Su Patronato está presidido por el ministro de Justicia y está integrado por representantes del Estado y de las propias confesiones religiosas minoritarias.