En la presentación de la publicación "Hacia un nuevo urbanismo", que recoge las ponencias de 45 expertos y analistas del sector, el presidente de la fundación, José María Pérez, exigió a los ayuntamientos que "se financien como lo tienen que hacer, con los impuestos", y no a través de la especulación inmobiliaria.

La propuesta de la FEI es la elaboración de una legislación a nivel estatal que sirva como base para su desarrollo autonómico, pero que fije una competencias básicas del Estado.

En este sentido, afirma que, en lo que se refiere al régimen y clasificación del suelo, la competencia es exclusivamente estatal y "debe quedar excluido de la legislación autonómica".

Asimismo, la organización apuesta por que el suelo sólo se clasifique en todo el territorio nacional como "urbanizable" o "no urbanizable", sin establecer categorias ni subclasificaciones "que en la práctica dificultan el proceso urbanizador".

De esta forma, el suelo urbanizable no se clasificará según su uso, por ejemplo residencial, comercial o industrial. Además, la FEI exige que sólo se queden fuera de la denominación de urbanizables aquellos suelos que deban ser protegidos por razones objetivas predeterminadas por la ley, y no de forma arbitraria.

"Se deben excluir sólo aquellos suelos que, por ley, deban quedarse fuera", afirmó Pérez. "No se debe prohibir sólo por prohibir, sino con una finalidad muy concreta: la protección medioambiental", añadió.

La fundación también apuesta por revisar el sistema de expropiaciones. Según Pérez, el sistema actual, que no fija el precio real del suelo en el mercado para compensar a los dueños del inmueble, es un modelo "confiscatorio".