El estudio en el que se basa la propuesta ha sido realizado por la catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Málaga Patricia Laurenzo bajo el título "El aborto en la sociedad española: una reforma necesaria".

Laurenzo justifica esta petición argumentando que los menores pueden contraer matrimonio a partir de los 14 años ytienen plena libertad sexual a partir de los 13, y que hay una tendencia en la legislación española a reconocer la capacidad de los menores para ejercer sus derechos.

Además, se refiere a la naturaleza "personalísima" del derecho a decidir sobre la maternidad y la insuficiencia del consentimiento de los representantes legales para justificar la intervención abortiva en caso de la voluntad de la menor de continuar con la gestación.

Laurenzo opina que "hay que concederles a las adolescentes el derecho de decidir", y en cuanto a la edad le parece razonable "a los 16 años".

En caso de conflicto entre la voluntad de la menor y sus representantes legales, la decisión debería tomarla el juez, atendiendo exclusivamente al interés de la menor y excluyendo cualquier consideración basada en creencias religiosas o ideologías.

ASESORAMIENTO

El informe considera que la actual regulación de la interrupción voluntaria del embarazo se encuentra en un "precario" estado de provisionalidad que "dura ya diez años", desde 1995.

En su opinión, el actual sistema está "obsoleto", condena a la mujer a una actuación pasiva, fomenta las desigualdades entre las distintas comunidades autónomas y ha propiciado un aumento del número de abortos, que han pasado de casi 50.000 en 1995 a casi 80.000 en 2003.

Por todo ello, solicita la elaboración de una legislación especial que contemple la puesta en marcha de un sistema de asesoramiento que sitúe a la mujer en el centro del proceso y que le permita tomar la decisión de un modo "reflexivo" y "libre de presiones externas".

El asesoramiento sería prestado por un equipo integrado por médicos, psicólogos, juristas y trabajadores sociales, todos ellos independientes de las clínicas donde se practican abortos.

"Es un modelo que trata de optar por un sistema que, sin desconocer el valor de la vida intrauterina, intenta asegurarle la debida tutela con la mujer, y no contra ella, abriendo así mayores posibilidades a una salida exitosa del conflicto que todo embarazo no deseado necesariamente comporta", según Laurenzo.

La catedrática critica el carácter "prohibicionista" de la actual legislación del aborto y es partidaria de elaborar una regulación "que no sea un control de la natalidad".

Su propuesta prevé la declaración de no punibilidad de la interrupción del embarazo solicitada por la mujer en las doce primeras semanas de gestación, siempre que se ejecute por un médico, en un centro acreditado al efecto y mediante presentación de un certificado que acredite su paso por una fase de asesoramiento previo.