Méndez, que asistió hoy a la presentación del Libro Blanco de la inserción laboral de refugiados e inmigrantes, precisó, ante un grupo de periodistas, que el Ejecutivo "debe abrir cuanto antes el proceso de negociación en el que se cuantifiquen las cantidades a abonar a losfuncionarios, así como las prioridades de abono".

Comentó que la sentencia de la Audiencia Nacional hay que interpretarla como "la recuperación del respeto a la negociación colectiva y, en cierta medida, como la recuperación de la racionalidad".

Añadió que no es posible intentar aceptar siempre que la lucha contra el déficit público o por la estabilidad presupuestaria sea sobre las espaldas de las trabajadoras y trabajadores de la función pública.

"Yo creo que el Gobierno lo que tiene que acptar es el resultado de la sentencia, donde se especifica claramente en el fallo que no cabe recurso de casación, encajarlo en buena lid y cumplir la sentencia", recalcó.

A su juicio, el Ejecutivo "no debe poner excusas de mal pagador, sino debe ser respetuoso con el Estado de derecho y cumplir escrupulosamente con los plazos razonables del contenido de la sentencia".

Por otro lado, Méndez calificó de "maniobra a la defensiva" la decisión del Gobierno de presentar un recurso de casación a esta setencia, y recordó que ese fallo judicial "dice con claridad que ese recurso no procede".

Finalmente, el dirigente sindical se mostró esperanzado en que esta sentencia de la Audiencia Nacional no influya en el Gobierno a la hora de negociar las retribuciones de los funcionarios para el año 2001.