El Gobierno presentó el pasado año un recurso de casación ante el Supremo contra la sentencia del Tribunal Constitucional. Hoy, el Alto Tribunal, ha dado la razón al Ejecutivo al aceptar el citado recurso.

El Ejecutivo fundamentó su recurso por el hecho de que la conglación trascendía de "una mera cuestión de personal, inscribiéndose en el núcleo de la política económica general del Estado".

Añadía que "la congelación salarial no fue un capricho de la Administración, sino que se inscribió dentro de la política de ajuste del déficit público que era necesario realizar" para cumplir las exigencias de convergencia con la UE, cuyo cumplimiento permitió formar parte de la zona euro.

En 1997, cuando el Gobierno impuso la congelación salarial, la Federación de Trabajdores de la Enseñanza de CCOO recurrió dicha decisión del Ejecutivo ante la Audiencia Nacional, invocando el incumplimiento del acuerdo que los empleados públicos habían cerrado con el ministro Jerónimo Saavedra (PSOE).

RECURSO

Tras conocer la sentencia, el máximo dirigente de FSAP-CCOO, Carlos Sánchez, y el "número dos" de FSP-UGT, Juan Antonio Gilabert, ya han anunciado presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

La letrada de CCOO Carmen Perona anunció que el recurso sepresentará en un plazo máximo de 20 días por una cuestión de "vulneración de la tutela judicial efectiva".

Basó esa apreciación en que tres de los cinco magistrados que han aceptado el recurso del Gobierno formaban parte de la misma Sala que no admitió un recurso de casación sobre un supuesto igual en el País Vasco.

La congelación salarial de los funcionarios afecta a unos 2,2 millones de trabajadores, que podían haber recibido un mínimo de 1.200 euros (unas 200.000 pesetas), en el caso de que ladecisión hubiese sido favorable a sus intereses.

El coste para el Estado, en el caso de que se hubiese anulado la congelación salarial, habría rondado los 3.000 millones de euros (unos 500.000 millones de pesetas).