Entre estas movilizaciones, que aún estar por concretar, figuran concentraciones de delegados, asambleas, pronunciamientos de rechazo por parte de juntas de personal y comités de empresa, manifestaciones y otros actos de protesta.

Javier de Vicente, secretario general de la Federación de Empleados Públicos de USO (Unión Sindical Obrera) denunció hoy en rueda de prensa que los funcionarios han perdido un 17,2% de poder adquisitivo real durante la década de los noventa.

Además, señaló que si se compara el sueldo de los trabajadores públicos con el salario medio de los trabajadores del sector privado, la pérdida asciende, durante el mismo período, al 28,6%.

Estos y otros datos fueron facilitados por De Vicente en nombre de USO, CGT, ELA-STV, CIGA, FETE-UGT, STEs y ANPE, que rechazan el acuerdo firmado entre CCOO, CSI-CSIF y el Goberno el pasado 24 de septiembre, por el que se establece la subida de los salarios de los funcionarios en un 2% para el año 2000.

Según los siete sindicatos opuestos al acuerdo, el mismo "consolida para todos los empleados públicos unas pérdidas salariales muy importantes".

"Es un acuerdo injusto", continuó De Vicente, "porque viene a consolidar estas pérdidas, precisamente, en un ejercicio de nítido crecimiento económico (ya que el PIB está creciendo cerca del 4%), y con previsión para el 2000 d una todavía mejor bonanza económica".

Con respecto al fondo adicional de 13.000 millones que incluye el acuerdo, Javier de Vicente indicó que "en absoluto viene a compensar esta pérdida de poder adquisitivo".

Aseguró que se trata "de un fondo no consolidable que, además, va destinado a retribuir el llamado complemento de productividad", que calificó como "un arma de libre arbitrariedad de la Administración, para retribuir a quien quiera y de ninguna manera para compensar la pérdida de poder adqusitivo".

Finalmente, el representante de USO criticó que este acuerdo no hable de las 35 horas, ni de la creación de nuevo empleo público, ni de quitar el tope del 75% de reposición de los empleos de los funcionarios que se dan de baja, con lo que "hay menos personal y el ciudadano cada vez pide mejor servicio público".