La concentración está convocda por los sindicatos CSIF, ACAIP, CIG, CCOO y UGT, cuyos presidentes se entrevistarán al final de la manifestación con portavoces de la Secretaría de Estado a los que comunicarán sus reivindicaciones concentradas en cinco puntos.

Los funcionarios reclaman el mantenimiento del actual horario laboral. En estos momentos, los funcionarios de prisiones con puestos en oficinas y áreas mixtas, es decir, sin contacto directo con los internos, trabajan de lunes a viernes en horario continuado y un sábado de cda tres.

Los funcionarios que desempeñan sus funciones dentro del recinto de la cárcel en contacto con los presos trabajan cuatro días seguidos y descansan otros cuatro. Cualquier eventual cambio de esta situación es considerada por los sindicatos como "un posible riesgo para nuestra salud mental".

La Administración está manejando estudios que aconsejan una proporción menor entre días trabajados y días de descanso, aunque no ha hecho ninguna propuesta concreta a los sindicatos en este sentido.

Piden también que se adecúen los complementos salariales congelados desde 1988. Los sindicatos quieren que se incluyan compensaciones por peligrosidad en el trabajo, nocturnidad, festivos y riesgos para la salud.

Los funcionarios de prisiones quieren un incremento de su nivel dentro de la Administración a la vista de que en las últimas promociones el 70% de los trabajadores tienen carreras medias o superiores terminadas.

Las fuerzas sindicales pretenden también que se permita a los funcionariosla jubilación anticipada a partir del cumplimiento de 30 años de servicio, conservando todos sus derechos económicos y sanitarios íntegros. En la actualidad, los trabajadores de prisiones se jubilan a los 65 años.

Reclaman también preferencia en el acceso a los puestos menos conflictivos de los funcionarios de mayor edad con el mismo sueldo que el de los trabajadores que desarrollan labores en contacto directo con los internos.

Los sindicatos de prisiones solicitan asimismo la convocatoria de unaoferta de empleo público restringida para permitir que contratados e interinos puedan pasar a la categoría de funcionarios.

Los funcionarios contemplan esta manifestación como el inicio de un proceso de movilizaciones destinadas a presionar a la Administración.