FUNCIONARIOS. LA PRESIDENTA DEL SENADO ENCARGA TAMBIEN UN INFORME A LOS SERVICIOS JURIDICOS SOBRE LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA
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La presidenta del Senado, Esperanza Aguirre, al igual que hizo hoy su homóloga en el Congreso, Luisa Fernanda Rudí, ha encargado a los servicios jurídicos de la Cámara Alta un informe sobre la sentencia de la Audiencia Nacional que anula la congelación salarial de los funcionarios en 1997, para que sirva de base a la eventual personación de la institución parlamentaria en el recurso que presente el Gobierno.
En declaraciones a los periodistas, tras un encuentro con empresarios del sector textil gallego en La Coruña, Aguirre afirmó que la resolución judicial "me ha producido una enorme preocupación y sorpresa".
En tal sentido, reveló que hoy mismo encargó a los letrados de la Cámara que preside la elaboración de un informe exhaustivo sobre esta cuestión, que hará llegar a la reunión de la Mesa del Senado prevista para el próximo día 29 de este mes.
La presidenta del Senado se mostró contrariada por l interpretación que hace la Audiencia Nacional tanto del acuerdo adoptado en su día por el Gobierno como por lo aprobado por las Cortes Generales.
"Me parece enormemente sorprendente", dijo, "que las Cámaras, el Congreso y el Senado, que representan la soberanía popular, la decisión y la voluntad de todos los españoles, no puedan aprobar algo que es competencia suya por la razón de que ha habido un acuerdo (...) entre sindicatos y Gobierno unos años antes".
"El hecho de que un Gobierno cualquiera del PP o del PSOE, -prosiguió- pueda comprometer la voluntad de los españoles a lo largo del tiempo y sin que importen las elecciones generales, la soberanía popular, la decisión de las cámaras y la mayoría, que es la que, de acuerdo con la Constitución, tiene que hacer las leyes, me parece, personalmente, enormemente sorprendente y muy preocupante".
Sobre este particular, reiteró la importancia de que la Mesa del Senado evalúe la idoneidad de personarse en el proceso de recurso en ciernes, "porque ceo que no es una cuestión baladí que un Gobierno pueda impedir al Poder Legislativo hacer aquello que el pueblo soberano ha acordado".
Por último, destacó que no ha de olvidarse el fondo de la decisión adoptada en su momento por el Gobierno, "que era la necesidad de que España pudiera cumplir los requisitos de Maastricht para entrar en la UE".
(SERVIMEDIA)
24 Ene 2001
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