FUNCIONARIOS. LABORDA (PSOE) EPRUEBA LA INTENCION DEL PP DE INVOLUCRAR AL SENADO EN EL RECURSO CONTRA LA AUDIENCIA

MADRID
SERVIMEDIA

El portavoz socialista en el Senado, Juan José Laborda, manifestó hoy su total oposición a la intención del Grupo Popular de la Cámara Alta de implicar a la institución parlamentaria en el recurso que el Gobierno interpondrá contra la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la congelación salarial de los funcionarios en 1997.

En declaraciones a Servimedia, Laborda enjuició que "sera grave que el Grupo Popular, o sea, el Gobierno a través de éste, intentara manipular a la Mesa (del Senado) para que nada menos que el Senado recurriera esa sentencia".

Para Laborda, tal iniciativa significaría romper "gravísimamente un precedente, una continuada línea de trabajo que se viene manteniendo desde 1979 hasta aquí, por ejemplo, respecto al Tribunal Constitucional en sus contenciosos con el Ejecutivo".

"Cuando un grupo parlamentario ha recurrido al Tribunal Constitucional", arguyó, "unca jamás la Mesa ha tomado parte en un contencioso que divide políticamente a la Cámara, de tal manera que si ahora el PP quisiera involucrar a la Mesa en los intereses del Gobierno estaría rompiendo con una tradición que, sin excepciones, se viene manteniendo desde 1979".

Laborda adelantó que en la reunión que la Mesa del Senado mantendrá el próximo lunes, día 29, para abordar, entre otras cuestiones, la posible personación del Senado en esta cuestión, su grupo "no aceptara" la iniciativa anunciadahoy por el PP.

"No lo podemos aceptar", explicó, "no porque estemos llevando la contraria al Gobierno, sino porque me parece demasiado serio meter a una cámara parlamentaria a defender los intereses del Gobierno en un problema que tiene ante los tribunales".

En este sentido, agregó que, "me parece contradictoria la actitud del PP en este tema, por cuanto en la pasada Legislatura ya advertimos al PP de que esa teoría que ellos sostenían de que todos los actos políticos debían de estar sometidos a a jurisdicción de los jueces era, en nuestra opinión, algo exagerado y con alguna intencionalidad política bastante clara".

"Lo que no puede ser", finalizó, "es que un Gobierno esté dando vaivenes en cuato a la doctrina jurídica en función de los problemas que se le van acumulando, sencillamente por su falta de previsión y porque nunca hizo caso a lo que la oposición le dijo en su momento, que es que había un compromiso adquirido no solo por el Gobierno anterior sino por las Cortes Generales y tambiénsuscrito por el propio PP que ellos rompieron en 1997".

(SERVIMEDIA)
25 Ene 2001
L