El ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, presidirá a las 16,30 horas de hoy la Mesa General de la Función Pública, en la que confía cerrar un acuerdo con las centrales sindicales.

En las últimas horas se han intensificado las reuniones entre Gobierno y sindicatos, que estuvieron negociando hasta las 4 de esta madrugada y que han vuelto a reunirse a las 9 horas de hoy, con el fin de acercar psturas.

La propuesta del Ejecutivo pasa por una subida salarial del 2%, al que se suma otro 0,89% que se consolidaría a través del denominado "complemento de destino", o directamente en la nómina para los funcionarios sin dicho complemento. Es decir, se garantiza una subida de sueldo para todos los empleados públicos del 2,89%.

El 0,31% restante beneficiaría únicamente a los 400.000 empleados de la administración central. Sindicatos y Gobierno deberían pactar criterios para su distribución. El Ejcutivo central recomendaría a las comunidades autónomas y ayuntamientos que adoptaran una medida similar con sus funcionarios.

Para 2004, el Ejecutivo mantiene también un crecimiento salarial del 3,2%, pero hay diferencias en la distribución del 1,2% adicional a la previsión de inflación.

Se destinaría un 0,36% a través del "complemento de destino" para todos los funcionarios. Los de la administración central recibirían, además, un 0,6% para un fondo de pensiones y un 0,24% adicional, cuyos criteios de reparto deberían pactar Gobierno y centrales sindicales.

FSAP-CCOO, representada en la negociación por el secretario general de la Federación de Enseñanza, Fernando Lezcano, reclama al Gobierno un mayor incremento de los salarios, que se acercara al 3,5% en 2003 con el fin de recuperar parte del poder adquisitivo perdido por los empleados públicos en los últimos años.

Además, para 2004, reclaman que la subida sea superior al 0,36% que tiene previsto destinar el Gobierno a través del "complmento de destino".

Mientras, en el caso de CSI-CSIF, según explicaron fuentes del principal sindicato de la función pública a Servimedia, dos puntos que impiden la firma del acuerdo son el modo en que trabajarán por la tarde algunos empleados públicos y la movilidad geográfica.

Para CSI-CSIF, sólo aquellos funcionarios que trabajan cara al público deberían tener jornada partida, para los cuales habría que fijar una serie de incentivos.

Según la última propuesta realizada por AdministracionesPúblicas, el Ejecutivo decidiría la cuantía y el modo de incentivar a estos trabajadores. Dicha discrecionalidad no es aceptada por los sindicatos.

Pero el principal escollo que impide la firma de CSI-CSIF en el acuerdo es la posibilidad de implantar la movilidad geográfica entre los funcionarios. Este sindicato recuerda que rechazaron una subida salarial del 3,8% en Andalucía para 2003 porque se implantaba la movilidad en la región.